Rueda de prensa del Comite Empresarial Ecuatoriano, sobre los cobros indebidos de algunos municipios por el concepto de patentes. Foto: Eduardo Terán/EL COMERCIO
Los dirigentes del Comité Empresarial Ecuatoriano y empresarios denunciaron hoy, 15 de octubre del 2018, que ciertos Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) promueven cobros ilegales por concepto de patentes, impuesto al 1.5 por mil y tasas creadas mediante ordenanzas, “abusando de la capacidad coactiva que les confiere la ley”.
Según ellos, esos cobros “ponen en riesgo la inversión” privada en el país.
“Hay ciertos municipios que vienen ordenando a discreción embargos en las cuentas corrientes de distintas empresas, sin haber notificado debidamente títulos de crédito ni citado autos de pago a la parte procesada, a fin de que puedan ejercer su legítimo derecho a la defensa, vulnerando el derecho constitucional al debido proceso y de seguridad jurídica”, manifestó Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE).
Durante la rueda de prensa de hoy, indicaron que uno de los casos ocurre en el Municipio de Esmeraldas, en donde se ha dispuesto embargos a las empresas Corpetrol, Exxonmobil Ecuador, Lutexsa Industrial Comercial, Duragas, Terpel, Vepamil, Ecuador S.A., Ini Ecuador, Petróleos y Servicios, “que sumados a uno adicional en el cantón Atacames, ascienden a USD 7,1 millones. Otras empresas afectadas son Unilever con USD 1,5 millones y La Llave que reportó otro cobro por USD 450 000”.
Lo mismo sucedió con el GAD Quinindé que ha emitido títulos de valor por un monto superior a los USD 5 millones en perjuicio de Arca Continental SAB de CV, La Fabril S.A., Petróleos y Servicios PYS C.A., Petrolríos S.A. y Tecniequipos S.A.
En lo que respecta a la firma Direct TV Ecuador, “los municipios de Eloy Alfaro (Limones), San Lorenzo, Río Verde, Atacames, Quinindé, Muisne y Esmeraldas, a más de Naranjal, en Guayas, han procedido a embargos arbitrarios por USD 8,7 millones”.
En ese sentido -según los dirigentes del Comité Empresarial Ecuatoriano– indicaron que lo paradójico es que se procede a tales cobros, sin que las empresas tengan su domicilio o actividad comercial registrada en dichos cantones.
