La confrontación inicial con la que el Gobierno del presidente Rafael Correa manejó al sector hidrocarburífero privado cambió.
Ello se evidenció tras la renegociación de los contratos petroleros que cambiaron del modelo de participación a prestación de servicio a finales del 2010.
Si bien en los primeros cuatro años hubo una constante tensión en la relación pública privada del área petrolera (en un inicio por la repartición de los excedentes por el alto precio del petróleo), el año pasado se abrieron dos licitaciones para firmas privadas.
A inicios del 2011, Petroecuador licitó cinco campos maduros para la implementación de proyectos de recuperación mejorada. De ella, participaron las principales prestadoras de servicios a nivel mundial como Schlumberger, Halliburton y Baker Hughes.
Schlumberger y el consorcio Tecpetrol-Sertecpet-Schlumberger firmarán en los próximos días los contratos para la recuperación de los campos Shushufindi y Libertador, respectivamente. Los acuerdos durarán 15 años.
Una segunda licitación fue sobre cuatro campos marginales (producen menos de 4 000 barriles al día); Armadillo, Ocano- Peña Blanca, Eno-Ron, y Singue.
Las áreas recibieron siete ofertas económicas y de acuerdo con el ministro de Recursos No Renovables, Wilson Pástor, la negociación de las ofertas está cerrada y cuatro contratos se firmarán en las próximas semanas.
Finalmente, para el 1 de abril de este año, Pástor informó a este Diario que se abrirá la licitación de 21 bloques petroleros del suroriente ecuatoriano.
Al momento se prepara la documentación sobre los trabajos exploratorios mínimos y la fórmula económica que se aplicará.
La licitación prevé cerrarse con la presentación de ofertas hasta el 30 de septiembre y se espera firmar los contratos a finales de año.
En contraste, la apertura a empresas estatales ha venido en retroceso. En un inicio con la mala experiencia de Pdvsa en Sacha y Puna y luego el cierre del acuerdo de intercambio de crudo por derivados con Ancap de Uruguay.
Para el consultor en temas económicos, Walter Spurrier, el Régimen mantiene una postura nacionalista en el sector pero con una dosis de pragmatismo.
Spurrier identifica este pragmatismo no solo cuando el ministro Pástor ha abierto la mayor participación de las firmas privadas, sino sobre todo en el cambio del modelo de gestión de las empresas estatales.
Ello se evidencia, según el analista, en la extensión del modelo que heredó de Occidental (Oxy), la empresa pública Petroamazonas, hacia Petroecuador.
Estas dos firmas se fusionarán este año y Petroamazonas tendrá el rol de exploración y explotación, mientras que Petroecuador se dedicará a la comercialización y refinación del crudo.
“Se mantuvo la estructura de las empresas que salieron (Oxy, Perenco, Petrobras) y solo se ha reemplazando a las cúpulas”.
Spurrier, sin embargo, es escéptico de que vengan nuevas inversiones extranjeras privadas a los campos del suroriente por los duros términos de los contratos en Ecuador si se los compara con los modelos de Perú y Colombia.
Y también, por la fuerte oposición de las comunidades a la actividad petrolera en la zona.
Destaca además que es muy difícil que al país regresen grandes firmas petroleras como Total, BP, Exxon o Shell en este contexto.
Con ello coincide el ex vicepresidente de Petroindustrial, Edmundo Brown, quien añade que el interés privado en el suroriente se verá en función de la recompensa que ofrezca el Estado por las inversiones de riesgo en la exploración de los nuevos campos.