Las Alianzas Público Privadas (APP) y las Zonas Francas son dos de los mecanismos que plantea el Ejecutivo para generación de recursos y de empleo. El proyecto de Ley Orgánica para la Atracción de Inversiones, Fortalecimiento del Mercado de Valores y Transformación Digital plantea varias reformas en estos temas.
La meta del Ejecutivo es captar USD 30 000 millones en inversiones hasta el 2025. Los contratos de APP aportarán con unos USD 8 000 millones a esta meta, en un primer portafolio de proyectos de infraestructura. Así lo señaló Roberto Salas, secretario técnico de Asociaciones Público- Privadas. Agregó que a esto se sumarán más recursos por otras modalidades de delegación, contratos de participación, concesiones u otras:
- USD 13 000 millones del sector hidrocarburífero
- USD 6 000 millones del sector energético
- USD 5 400 millones del sector minero
- USD 6 000 millones de proyectos de infraestructura vial o ferroviaria
- USD 1 000 millones de proyectos de infraestructura en general
Con la Ley de inversiones, el Gobierno espera también cumplir su meta de generar 2 millones de empleos hasta el término de su gestión. Según Salas, las APP aportarán con 250 000 plazas entre empleo directo e indirecto. Si se considera la suscripción de contratos en las diversas modalidades, la cifra puede aumentar a 600 000 empleos, desde el inicio de las obras.
¿Cómo funcionarán las APP?
Según el proyecto de Ley, los contratos de APP se asignarán por concursos públicos. En la adjudicación de los proyectos, el Gobierno podrá establecer contratos con un plazo de hasta 30 años. Estos podrán prorrogarse hasta 10 años adicionales; es decir, hasta 40 años.
“Con las modalidades contractuales se pueden establecer parámetros para la operación, el mantenimiento y el traspaso de los activos al Estado en buenas condiciones, al final del contrato. Todo esto que sea hecho de la forma más eficiente y con el mayor beneficio para el Estado”, dijo Salas.
Los proyectos de inversión bajo el mecanismo de APP se aplicarán para obras en cinco áreas: transporte, vialidad, puertos y aeropuertos; infraestructura hospitalaria; vivienda; deportes y cultura e infraestructura educativa. Salas explicó que el Gobierno ahora oferta unos 46 proyectos de diversos sectores para aplicar esta modalidad.
También aseguró que en la ley se establecen nuevos esquemas de control de las modalidades contractuales, para evitar los excesos. Por ejemplo, se plantea la reducción de la discrecionalidad de las autoridades en la toma de decisiones importantes, explicó el secretario.
Tres tipos de zonas francas establece la ley
Para las zonas francas, la reforma busca reactivar el mecanismo para incentivar nuevos proyectos. Estas se podrán aplicar en el ámbito industrial, de servicios y logística.
Estas zonas son áreas geográficas especiales que brindan incentivos tributarios y aduaneros para las empresas que deseen establecerse ahí.
Este régimen especial surgió en 1991, pero se vio limitado con la aparición de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE) en 2010. Xavier Rosero, vicepresidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), explicó que estos nuevos espacios buscaban repotenciar la inversión; sin embargo, la iniciativa se vio empañada por los procesos burocráticos y la tramitología. Además, no brindan seguridad jurídica, porque existe la “posibilidad de revocar o suspender beneficios si no se cumplen algunos compromisos”, dijo Rosero.
Ahora, con la nueva ley, se establece un nuevo esquema que brinda esa seguridad, aseguró Gabriela Uquillas, asesora de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Con ello, los inversionistas podrán tener la confianza de que los parámetros se mantendrán a mediano y largo plazo, afirmó.
Según el proyecto de ley, las zonas francas tendrán un plazo de 20 años, prorrogable las veces que se requieran. Además, se han establecido cinco incentivos tributarios para su funcionamiento.
- Exoneración del Impuesto a la Renta por diez años
- Una reducción de 10 puntos porcentuales en el pago de este tributo, luego de ese período
- Exoneración del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD)
- Tarifa cero de Impuesto al Valor Agregado (IVA)
- Reducción de tributos al comercio exterior, como aranceles
Empleo con condiciones especiales
Con el establecimiento de las zonas francas se busca la generación de empleo, a través de las nuevas inversiones que se establezcan en estos espacios. Xavier Sisa, director jurídico de la Cámara de Industrias y Producción (CIP), señaló que, para estos casos, el Ministerio de Trabajo podría analizar los requerimientos y especificidades de las actividades, dependiendo del tipo de zona franca que se implemente, como tipo de contrato requerido (obra cierta, tarea, destajo, maquila, etc.), jornadas de trabajo, forma de remuneración y terminación de los contratos.
Desde el sector trabajador existe preocupación de que se impulse demasiado la flexibilización laboral. Edgar Sarango, presidente de la Confederación de Trabajadores de Ecuador (CTE), señaló que es necesario que el Gobierno explique los mecanismos laborales que se aplicarán en estos espacios y cómo serán las condiciones laborales de trabajadores actuales de proyectos que se configuren bajo APP.