Llegaron como personas ajenas a la entidad. Luego de haber trabajado por más de 27 años y saludado a los guardias del edificio de Petroindustrial, en el norte de Quito, Wilson B. tuvo que actuar ayer como un visitante externo.
A las 09:00 de ayer pidió permiso para acudir con su abogado a la oficina donde hace menos de 10 días ejercía el cargo de coordinador de Tesorería.
Como él, decenas de empleados suspendidos de Petroecuador desde el pasado 17 de septiembre acudieron a las audiencias ante los inspectores de Trabajo. Durante la mañana y tarde de ayer presentaron sus pruebas de descargo ante las acusaciones por presunto conflicto de intereses y uso de información privilegiada.
Hace dos semanas, la Secretaría de Transparencia denunció que 628 trabajadores de Petroecuador cayeron en estas contravenciones al participar como accionistas de la empresa Gaspetsa.
Esta compañía firmó un contrato con Petrocomercial en febrero del 2005 para la elaboración y el despacho de combustible de pesca artesanal en Esmeraldas y en el norte de Manabí.
Según los reglamentos de la entidad vigentes a la época, este accionar está prohibido.
Las audiencias de descargo tenían que llevarse a cabo en el lugar donde se ejecutó el supuesto ilícito. Por ello, los empleados debían acudir a sus respectivas oficinas para instalar el proceso.
De este participaron un abogado de Petroecuador, el abogado del funcionario suspendido y un inspector de Trabajo.
Wilson B. llegó a su curul, saludó brevemente con sus compañeros y en la misma computadora donde realizaba sus tareas diarias se levantaron las respectivas declaraciones a modo de un juzgado improvisado.
Para ello, la inspectora de Trabajo, Rita Núñez, dispuso que una de las secretarias de la misma oficina transcriba cada una de las declaraciones de la partes.
Los argumentos de Petreocuador estuvieron a cargo del abogado Pablo Basántez. En representación del gerente de la petrolera estatal, vicealmirante (sp), Manuel Zapater, pidió el visto bueno por incumplir con los reglamentos que impiden a los empleados contratar con la empresa.
Como prueba documental, Basántez presentó el informe de la Secretaria de Transparencia respecto al caso, el contrato suscrito entre Petroecuador y Gaspetsa, y el listado de los accionistas de la compañía donde constaba Wilson B. La intervención demoró menos de 20 minutos.
En contraste, Vicente Salazar, abogado de la parte acusada, presentó más de nueve argumentos a favor del empleado.
Entre ellos constaba inicialmente que Wilson B. no decidió participar de las acciones de Gaspetsa, sino que fue ingresado por ser socio de la Corporación de Ayuda Mutua (Corpam), cooperativa de los trabajadores de Petroecuador. Según la defensa, ello se dio porque Corpam era la principal accionista de Gaspetsa.
Un argumento adicional fue que el pedido de visto bueno se saltó la instancia del Comité Obrero Patronal, Este es un cuerpo colegiado formado por los empleados y los administradores de Petroecuador, que tiene entre sus competencias el resolver los pedidos de visto bueno contra los trabajadores de la petrolera.
Según el representante de la Federación de Trabajadores Petroleros, Diego Cano, este comité debía conformarse el jueves 16 de septiembre, un día antes de que se notificara de la suspensión de los 628 empleados.
Cano indicó que la administración de Petroecuador negó la conformación del comité. El argumento fue que no existía una organización sindical de empleados inscrita en el Ministerio de Relaciones Laborales bajo la nueva razón social de la empresa.
Las audiencias de ayer demoraron entre una hora y media y dos horas y continuarán durante toda esta semana. Para determinar si proceden los vistos buenos, los inspectores de trabajo tendrán 30 días posteriores a la audiencia.
En las afueras de los edificios de las ex filiales de Petroecuador, un grupo cercano 100 trabajadores suspendidos esperaba la salida de sus compañeros. Sin embargo, la mayoría da por hecho su salida de la empresa pública.
