57% de empleadas domésticas no tiene afiliación al seguro social en Ecuador
Rosa Mendoza es trabajadora doméstica. Labora por las tardes en una casa en Quito. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO
Mónica, una imbabureña de 45 años, realiza tareas domésticas por horas en cuatro casas de la capital. Ella no tiene contrato de trabajo y no está afiliada a la seguridad social.
Esto ocurre pese a que desde el 2014 el Código Penal estableció prisión de tres a siete días para los empleadores que no aseguren a sus trabajadores.
La norma permitió aumentar el porcentaje de personas del empleo doméstico con afiliación, que pasó del 17% en el 2008 al 43% en el 2018, según datos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Es decir, el 57% de ese segmento de la población no está asegurada.
Mónica no ha denunciado a sus empleadores por miedo a perder esos ingresos. Otro problema es la informalidad.
En el país existen 221 066 personas con empleo doméstico, según datos a diciembre del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Pero solo el 28% tiene un contrato de trabajo, de acuerdo con información a diciembre del Ministerio de Trabajo recogidos en el estudio Situación del Trabajo Remunerado del Hogar en Ecuador 2018 de la fundación Care.
Infografía del trabajo remunerado del hogar desde 2008. Fuente: INEC
En el 2015 el Ministerio de Trabajo emitió el Acuerdo 098 que dispone el registro obligatorio del contrato. Si los empleadores no lo hacen, deben pagar una multa de USD 200.
Los empleadores en Ecuador están obligados desde el 2010 a pagar, al menos, el salario básico a estas trabajadoras o el proporcional en caso de que trabajen a tiempo parcial.
Además, deben reconocer beneficios como la decimotercera y decimocuarta remuneración, vacaciones, fondos de reserva y otros, que aplican para contratos a jornada completa y a jornada parcial.
Mónica no recibe esos beneficios, pese a que labora 30 horas a la semana.
Esta mujer afroecuatoriana alcanza un salario de USD 260 al mes, pero quisiera trabajar más para ganar al menos el salario básico ( USD 394); por esa condición, ella es parte de la proporción de la población con subempleo. En esta condición están 38 388 personas con empleo doméstico.
Las jornadas de trabajo son intensas, especialmente los fines de semana cuando trabaja hasta 10 horas diarias. “En un solo día suelo hacer el trabajo de limpieza de toda una semana en una casa. Hay mucho que hacer”, cuenta Mónica.
Como el dinero no le alcanza para cubrir los gastos de educación de sus tres hijos, ella labora zonas azules de estacionamiento en la capital.
Las prácticas de multiempleo y de trabajo por horas son una evidencia del aumento de la informalidad en este segmento de población que se observa desde el 2014 cuando se inició la crisis económica en el país, apunta el estudio de Care.
Por otro lado, existe una presencia significativa de mujeres migrantes, que se insertan en este sector laboral en “condiciones de extrema vulnerabilidad”, agrega el informe.
Mónica Farías, dueña de la agencia de empleos La María, señala que las extranjeras aceptan pagos mínimos o incluso solo techo y comida, a cambio de un trabajo en el servicio doméstico.
Cynthia, una trabajadora del hogar, cuenta que fue despedida y su empleador contrató a una extranjera, a quien paga menos del básico y no afilia porque no está legal en el país.
En el país 46 de cada 100 trabajadoras con empleo doméstico tienen un empleo adecuado. El resto está en el subempleo o en trabajos no plenos.
Otra característica es que esta ocupación se inicia a temprana edad en el país.
Rosa Mendoza trabaja medio tiempo en labores domésticas desde los 14 años.
Hoy tiene 64 años, pero lleva afiliada de forma continua solo los cinco últimos años. Para recibir su pensión todavía debe trabajar cinco años más y esperar a cumplir 70 años.
Rosa, oriunda de una comunidad del sector de San Pablo del Lago, en Imbabura, migró a la capital cuando era adolescente. No sabe leer ni escribir.
El 68% de gente con empleo doméstico no tiene ningún nivel de educación o solo ha terminado la primaria.
Una situación similar vive María Porozo Nazareno. Ella trabaja desde los 8 años en tareas domésticas y recién al cumplir 61 años consiguió un empleo formal donde le pagan el básico y la afilian. “Muchas veces cogen solo medio tiempo para no pagar seguro”, cuenta Porozo, quien vive en la Isla Trinitaria, Guayaquil.
“No te cojo el día entero porque no tengo cómo pagarte”, es el discurso que escuchaba siempre.
El estudio de Care recomienda promover espacios de negociación colectiva para generar condiciones dignas de trabajo y medidas de control.