Intento de eliminar todo el subsidio fue ‘un mal negocio’

Varios locales comerciales, tiendas de alimentos y farmacias sufrieron actos de vandalismo durante las protestas de octubre del 2019. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Varios locales comerciales, tiendas de alimentos y farmacias sufrieron actos de vandalismo durante las protestas de octubre del 2019. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Varios locales comerciales, tiendas de alimentos y farmacias sufrieron actos de vandalismo durante las protestas de octubre del 2019. Foto: Archivo / EL COMERCIO

A veces, la cura puede ser más cara que la enfermedad. El 1 de octubre del 2019 el presidente Lenín Moreno anunciaba, en cadena nacional, una medida de shock: la eliminación, de un solo golpe, de los subsidios a los combustibles.

El Gobierno esperaba ahorros por USD 1 300 millones al año. De esos, 325 millones en lo que restaba del 2019.

Tras 11 días de violentas protestas, el Gobierno derogó la medida y abrió el diálogo para hallar un sistema de revisión progresivo y consensuado.

Las movilizaciones acertaron un duro golpe a la economía. Según el Banco Central del Ecuador (BCE), el paro generó pérdidas por USD 821 millones. La mayor parte de ellos en los sectores de comercio, petróleo, turismo, industrias y transporte.

El Ecuador debía subir los ingresos fiscales como había acordado en la carta de intención firmada en marzo del 2019 con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero no se esperaba que esto ocurra con la eliminación total de subsidios.

Más bien se plantearon metas para hacer la reducción gradual de una parte del rubro, pero a largo plazo. El acuerdo, en cambio, señalaba metas de aumento de ingresos tributarios en el 2019. “Esto lleva a pensar que la decisión sobre subsidios no fue suficientemente meditada por el Gobierno”, dijo el exministro Fausto Ortiz.

Aunque la eliminación de la subvención fue total, las medidas de compensación no incluyeron a todos los sectores. Por ejemplo, quedó suelto el tema de pasajes de transporte del público o de alimentos. Ni el anuncio de subir el bono de desarrollo humano en USD 15 ni el posterior ofrecimiento de aumentar el salario básico en USD 20 calmaron los ánimos.

La Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Ecuador (Camddepe) dice haberse sentido excluida en la toma de la decisión, pese que se discutió en el marco del llamado acuerdo nacional.

Según su director Oswaldo Erazo, el gremio recomendó en varias ocasiones tomar medidas paulatinas en materia de combustibles como la que finalmente se aplicó este año.

Desde julio pasado, el Ecuador define los precios de los derivados en función de una banda que se ajusta cada mes.

El mecanismo permite alcanzar paulatinamente el precio internacional de derivados sin cambios bruscos, ya que los precios solo varían un 5% al alza o a la baja cada mes.

El momento fue diferente, ya que -por ejemplo- el consumo de derivados cayó 26% de enero a julio de este año frente a igual período del 2019.

El sector productivo no ha podido superar las secuelas de las movilizaciones debido a la pandemia. Las pérdidas de octubre fueron por cese de actividades, pero también por daños en activos, dijo Patricio Alarcón, titular de la Cámara de Comercio de Quito.

Gustavo Ruiz, presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha (Capeipi), añadió que el paro evidenció la capacidad real del músculo financiero de empresas y lo difícil de acceder a financiamiento blando. “Once días de paro representan un golpe difícil de superar”, dijo.

El 2019 la economía se estancó y el primer trimestre se contrajo 2,4% con relación a igual período del 2019.

En el segundo trimestre del 2020, la caída del PIB habría sido la más fuerte desde que el BCE tiene registros, debido a la pandemia, dijo Verónica Artola, gerente del ente.

Holbach Muñetón, titular de la Federación de Cámaras de Turismo, dijo que la paralización afectó a la imagen del país y la confianza para invertir.

Y, dijo que el paro dejó en evidencia dos problemas que se repitieron en la pandemia: las autoridades toman decisiones sin consensuar con los sectores y hay empresas que no han diseñado estrategias eficientes para enfrentar crisis.
Artola coincide en que se debe recuperar la confianza de actores que inviertan. “Se necesita más inversión extranjera que, según hemos visto en la balanza de pagos hasta el segundo trimestre de este año, no ha crecido”, indicó.

El elemento político es otro factor a considerar, sobre todo de cara a las nuevas elecciones. “Las medidas deben tomarse al inicio de un Gobierno, no al final y con tan poca popularidad”, añadió Ortiz.

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