El pasado 30 de septiembre, dentro del arbitraje internacional planteado por la compañía petrolera Burlington en contra del Estado ecuatoriano, la Procuraduría General del Estado presentó dos contrademandas por daños ambientales ocasionados por la firma estadounidense, así como por el mal estado de la infraestructura de los Bloques 7 y 21 en la amazonía ecuatoriana.
Según un comunicado de la Procuraduría, la primera contrademanda del Ecuador solicitó al Tribunal Arbitral que declare a Burlington responsable los pasivos ambientales del bloque 7 y 21 luego de que abandonó sus operaciones y condene a la empresa a su reparación integral, por un monto equivalente a USD 488 millones.
La segunda contrademanda presentada busca que el Tribunal Arbitral declare a Burlington “responsable por el deficiente y pobre estado de operación de los bloques 7 y 21, en particular por el mal estado de la infraestructura y equipamiento necesarios para su operación”, indicó la Procuraduría en el comunicado.
En ese caso, se busca que la empresa indemnice al Estado ecuatoriano por todos los costos en los que debió incurrir para recuperar la operación funcional según los estándares de la industria petrolera, tal como lo exigía el Contrato de Participación Petrolera y la legislación ecuatoriana. La pretensión asciende a USD 16 millones.
“Con la presentación de estas dos contrademandas, se ha iniciado una nueva etapa procesal dentro de este arbitraje internacional, que concluirá en 2013 cuando el Tribunal Arbitral emita el respectivo laudo.”, indicó la Procuraduría en el comunicad.
Burlington inició en el año 2008 un arbitraje internacional ante el Ciadi, debido a la promulgación de la Ley 42 y sus efectos en el Contrato de Participación y Producción de los bloques 7 y 21 que operaba con la firma francesa Perenco.