El Procurador del Estado, Diego García, presentó ayer en EE.UU. las razones que llevaron al país a caducar el contrato de la petrolera Occidental (Oxy) en el 2006.
La decisión tomada hace cinco años derivó en una demanda de la petrolera ante un Tribunal Arbitral (Ciadi), adscrito al Banco Mundial, el cual está próximo a emitir un fallo final.
Según información de la Procuraduría, durante la presentación de alegatos, García destacó la enorme importancia que este caso tiene para Ecuador, para Latinoamérica e, incluso, para el “justo desarrollo del derecho internacional de las inversiones ”.
Asimismo, destacó que una empresa multinacional que ha incumplido el contrato y las leyes “no tiene derecho alguno a que se le compense por supuestos daños que su propia actuación ha causado”.
Según el Procurador, se ha demostrado que Occidental transfirió derechos y formó un consorcio sin la autorización previa del Ministerio del ramo, que ocultó esas violaciones y que la única sanción prevista era la caducidad. “Occidental, al violar la Ley ecuatoriana y el Contrato de Participación, fue, por lo menos, poco profesional y negligente y no puede ni debe ser recompensada por su conducta”.
García aclaró que la presencia de Ecuador ante el tribunal no significa una aceptación de la valoración del Bloque 15 ni de los criterios adoptados por dos peritos para ese trabajo, los cuales han sido objetados.
Según esos cálculos, la valoración del Bloque 15, operado por Occidental hasta el 2006, asciende a unos USD 2 362 millones, monto que ha sido cuestionado por la Procuraduría.