El caso GLP Monteverde es uno de los arbitrajes en contra del Estado. Foto: Archivo / EL COMERCIO
El Estado aún enfrenta causas internacionales. Entre los 13 casos que están activos se encuentran aquellos que impulsan Chevron III, RSM Company, Zamora Gold, Consorcio GLP y Worley Parsons.
Según información de la Procuraduría General del Estado (PGE), estos procesos, que corresponden a arbitrajes de inversión, suman alrededor de USD 120 millones. Pero este valor no refleja el monto total porque existen procesos en los que la cuantía de la demanda al Estado todavía no está determinada.
Entre estos casos se encuentran, por ejemplo, el de Chevron III, que interpuso acciones en contra del Estado por la denegación de justicia. Esta firma alega que Ecuador violó el Tratado Bilateral de Inversión (TBI) suscrito entre Ecuador y Estados Unidos.
RSM Companyaduce, en cambio, que Ecuador debe indemnizar a esta firma internacional por la cancelación de una licencia minera.
Aparte de estos litigios, existen 26 notificaciones de controversias. Estas acciones, a las que se recurre antes de un proceso de arbitraje, permiten a las firmas exponer sus diferencias con el Estado y buscar un acuerdo para evitar ir a los tribunales internacionales.
La Procuraduría, que está pendiente de estos procesos, analiza el fallo (laudo) que emitió el viernes pasado un tribunal internacional por el caso planteado por la petrolera Perenco Ecuador Limited.
En este documento, que tiene 450 páginas, se obliga al país a pagar USD 471,8 millones por haber violado el TBI suscrito con Francia. Pero también se establece que Perenco debe cancelar al Estado ecuatoriano USD 60,7 millones por daños ambientales de los bloques petroleros en los que operó, además de costas procesales.
Frente a este escenario, Íñigo Salvador, procurador General del Estado, mencionó ayer (30 de septiembre del 2019) en una entrevista televisiva que se analizan dos escenarios.
Uno es evaluar la posibilidad de plantear una acción de nulidad del laudo. Con esto se lograría suspender los efectos de este dictamen y, eventualmente, revertir esta situación.
Para optar por esta acción, el equipo técnico de la PGE debe identificar que se haya incurrido en las causales que establece el convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
Entre estas constan que el tribunal se hubiere extralimitado en sus facultades, que hubiere quebrantado una norma de procedimiento o no hubiere motivado suficiente su laudo.
Para presentar esta acción se cuenta con 120 días de plazo.
La otra alternativa es analizar la posibilidad de cumplir con este fallo. Para considerar esta opción, Salvador expresó que ha convocado a los ministros de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Carlos Pérez; y de Economía y Finanzas, Richard Martínez.
Según la PGE, dar cumplimiento a este laudo implicaría pagar a la compañía Perenco alrededor de USD 411 millones. Esta cifra incluye ya el descuento de USD 60,7 millones que debe cancelar esta firma internacional al Ecuador.
“En este momento un arreglo con Perenco, ya con un laudo, es mucho más difícil. Lo que se lograría acordar es un escalonamiento en los pagos”, expresó el Procurador.
En estos dos escenarios, la Procuraduría debe evaluar “de manera realista” todos los posibles escenarios, porque en el caso de que se aplace el pago, por presentar un pedido de nulidad, el Estado debería pagar eventualmente, además de lo que fija el fallo, los intereses correspondientes, explicó Diego Ramírez, socio de Fabara & Compañía Abogados.
Mientras tanto, en la otra alternativa -que implica renunciar al pedido de nulidad-, Ramírez sugiere llegar a acuerdos para buscar facilidades y cumplir con la obligación que establece el laudo.
Los recursos para cumplir con este fallo deben provenir del Estado, que actualmente atraviesa por una situación difícil, reconoció Salvador.
La semana pasada, Finanzas recurrió al mercado internacional para colocar bonos por USD 2 000 millones para alimentar las reservas del Banco Central. Además, está previsto que se presente un paquete con reformas legales que incluirán medidas económicas.
El arbitraje de Perenco se inició en el 2008, luego de que a través de reformas legales del 2006 y 2007 se redujo la participación de esta firma en los excedentes de los precios de venta de petróleo para aumentar la participación del Estado.
