Dentro del convenio de préstamo que el Gobierno ecuatoriano concretó con China, por USD 1 000 millones, se acepta el arbitraje en las cortes de Londres y de Pekín, en caso de conflictos.
Esa decisión camina en la dirección contraria a lo que el Gobierno manifiesta defender: la soberanía y lo establecido en la Constitución, sobre el lugar donde se podrán dirimir los litigios.
Según el art. 422 de la Carta Magna, se prohíbe celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Ecuador ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, excepto las latininoamericanas. Con ese argumento, la Corte Constitucional dictaminó la inconstitucionalidad de los tratados de inversiones con Alemania e Inglaterra.
Sin embargo, según el constitucionalista Milton Castillo Maldonado, hay que verificar, primero, si hubo un informe previo de la Procuraduría para aceptar esa cláusula del contrato. “El art. 190 de la Constitución reconoce el arbitraje, pero previo ese informe. Por otro lado, en el art. 422, cierto es que se afirma que no se podrán celebrar tratados donde se ceda jurisdicción, pero en este caso solo se están comprometiendo las posibles futuras controversias”.
Por su lado, el ex ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, explica que si el Gobierno aceptó la cláusula, su aplicabilidad, por ser un contrato supranacional, va por encima de la Constitución. “Si aceptaron, es válido, pero eso no quiere decir que sea lo más conveniente. Los convenios con China no son lo más beneficioso para el país”.
De igual forma, Iván Heredia, ex miembro del Consejo de Administración CAD de Petroecuador, afirma que “para no hablar en banda, la Cancillería debe decir si hay un tratado internacional con China. Con eso, este convenio estaría por sobre la Constitución”.
Y el problema es el secretismo bajo el que se ha llevado este contrato. El Ministerio de Finanzas negociaba desde abril de este año el préstamo y lo concretó el 1 de septiembre (hora de China).
Ese mismo día (a las 11:50, hora de Ecuador), el asambleísta del Movimiento Cívico Madera de Guerrero, Enrique Herrería, envió un oficio al ministro Patricio Rivera, para que le confiera una copia certificada del convenio.
Pero Rivera, mediante oficio 4440, del 17 de septiembre, le negó el pedido, asegurando que “el contrato tiene el carácter de secreto y reservado, hasta que culmine la operación”. Sin embargo, el mismo 1 de septiembre, Rivera anunció públicamente que el contrato se finiquitó y que se obtuvo un total de USD 800 millones de libre disponibilidad y USD 200 millones pagaderos con crudo (36 000 barriles diarios).
No obstante, el Gobierno recién registró el depósito de USD 800 millones ayer, según Finanzas.
Para el asambleísta Herrería, quien denunció ante la Asamblea, el pasado 22 de septiembre, lo inconstitucional de la negativa de Rivera de remitir la documentación, hay un doble discurso oficial. “Por un lado, se habla de soberanía y por otro se cede los arbitrajes, incluso en el propio país con el que se firmó el convenio”.
Jaime Carrera, del Observatorio de la Política Fiscal, va más allá y asegura que con la disposición del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que faculta al Procurador a elegir un centro de arbitraje, “se pretende salvar la cabeza del Ministro de Finanzas por esta acción inconstitucional. A eso se debe también el apuro por aprobar el Código”.
10 embarques para Petrochina
La Gerencia de Comercialización de Petroecuador tiene programado despachar 10 cargamentos de crudo Napo y Oriente durante octubre por 3 945 000 de barriles a Petrochina.
Según el cronograma preliminar de embarque elaborado el 10 de septiembre pasado, cinco lotes serán de crudo Oriente y los cinco restantes de crudo Napo.
De los cinco primeros, dos son de 475 000 barriles cada uno y los tres restantes de 360 000. Estos serán enviados entre el 1 y el 22 de octubre próximo y servirían como parte de pago del primer crédito que el Ecuador firmó con China en julio del año pasado, según el ex sindicalista petrolero, Fernando Villavicencio.
De los cinco embarques de crudo Napo, tres están membretados en el cronograma de la gerencia de Comercialización como “Petrochina 2”. Villavicencio indicó que estos lotes servirán para el pago del segundo préstamo por USD 1 000 millones que China otorgó al Ecuador en agosto pasado. Cada uno de los cargamentos es de 360 000 barriles y se entregarán entre el 8 y el 14 de octubre. Este Diario intentó obtener la versión de Petroecuador al respecto, pero hasta el cierre de esta edición no tuvo respuesta.
Los contratos que se concretan con China
La venta anticipada de crudo por USD 1 000 millones contempla el envío de 96 000 barriles diarios.
El contrato se firmó para ser pagaderos en dos años y ya se envían los primeros embarques.
Los USD 1 700 millones para la construcción de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair todavía está en proceso. Ecuador debe desembolsar la contrapartida de USD 300 millones, para que China entregue sus dineros.
Los USD 1 000 millones del crédito chino contemplan USD 200 millones para ejecutar en obras petroleras, con empresas chinas, y USD 800 millones de libre disponibilidad. De aquí saldrán los USD 3 000 millones para el Coca-Codo Sinclair.
USD 1 000 millones más se negocian actualmente como parte de otro préstamo. Así lo dio a conocer el secretario nacional de Planificación, René Ramírez, tras su regreso de la gira por Japón y Corea.
