Ana Patricia Muñoz es economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con maestrías en Políticas Públicas por Brown University y en Economía de la Universidad de Montreal.
Se desempeñó como vicepresidenta junior en la Reserva Federal de Boston. Ha realizado investigación aplicada en temas como inequidad económica y social, desigualdad y políticas públicas.
¿Hay una contradicción en que, por un lado, se elimine el impuesto a las herencias y, por otro, se imponga impuestos a la gente de más alto ingreso?
Hay dos problemas de fondo. Uno es la desigualdad. El 10% de la población en el Ecuador tiene el 86% del patrimonio, es decir, concentra la mayor riqueza. Esto no es sostenible en el tiempo. A esto se suma la pandemia, que ha ahondado esas desigualdades económicas y que ahora es igual a la que teníamos hace 11 años. En esas condiciones, para cerrar la brecha fiscal, que es de más de USD 4 500 millones, se necesitan reformas tributarias. Es ahí donde estoy de acuerdo con que quienes más tienen y menos han sufrido el golpe de la pandemia contribuyan. ¿Cómo lo hacen? Ahí está la gran pregunta. Sobre el impuesto a la herencia, me sorprendió que se quiera eliminar porque está destinado principalmente a quienes más tienen.
Quienes están a favor de eliminarlo argumentan que el control del cobro puede ser más alto que el beneficio, pues genera unos USD 30 millones al año ¿Qué opina usted?
El reto es crear un sistema eficiente de recaudación. Si se quiere eliminar porque se va a reemplazar con otro impuesto que capture esas ganancias de capital entonces estaría bien, pero no solo por decir que no es eficiente.
Cuando se habla de un impuesto al patrimonio en el Ecuador, ¿se está haciendo lo que están haciendo otros países?
Como impuesto permanente más bien hay países que han dejado de cobrarlo, porque genera baja recaudación y hay otras formas de recaudación más efectivas que tienen el mismo fin. En 1990 en la OCDE había 12 países que tenían este tipo de impuestos y, actualmente, son pocos países (Chile, España, Colombia, Noruega). El resto cuenta con un sistema de imposición a la renta, predial y a la herencia importante y eficiente, entonces ya no necesitan un impuesto al patrimonio. Pero el debate de este mecanismo vuelve a surgir por la crisis y la idea es que, al menos, temporalmente, se pueda hacer esta contribución. De ahí, hay otras reformas que ya podrían ser más permanentes.
¿Cuáles?
Por ejemplo, Grupo Faro hizo una lista de los gastos tributarios, es decir, del monto de recursos que deja de percibir o cobrar el fisco porque entrega exoneraciones, exenciones o beneficios a los contribuyentes. Y vimos que 11 beneficiarios le cuestan al Estado USD 123 millones. ¿Por qué? Y qué pasa con la deducción de los gastos personales para el pago de impuesto a la renta que es un sacrificio de USD 400 millones según las últimas cifras de 2019. Entonces, se debe hablar de eficiencia, pero también debemos hacernos otras preguntas.
¿Cuánto puede generar un tributo al patrimonio?
Con la tasa del 0,9% temporal que se aplicó luego del terremoto del 2016 para personas con patrimonio sobre un USD 1 millón se recaudaron USD 200 millones. Nuevas simulaciones del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias muestran que, por ejemplo, si se mantuviera esa tasa pero gravando no solo al 1% más rico sino al 10% más rico se recaudarían USD 300 millones. Pero con la recomendación de no gravar a la vivienda principal que alguien pueda tener, que la tasa apunte a un piso alto para que no sufra la clase media.
Pero cuando el Gobierno habla de que analiza impuestos al 4% de la gente que gana más de USD
1 000 se estaría golpeando a la clase media.
Datos del Central dicen que la mitad de la población gana USD 547. Hay que evitar que quien asuma el peso del aumento de recaudación sea la clase media. La concentración tiene que estar en el 10% de población más rica, sino se corre el riesgo de afectar de forma injusta a la gente y al consumo. Es importante ya no hablar solo de desigualdad de ingresos, sino también de patrimonio o riqueza.
¿Una contribución que impacte en la gente con más altos recursos desmotivará la inversión y el consumo en el país?
Incentivos que cambien de forma importante el comportamiento de esas familias no he hallado evidencia académica o, al menos, que cambie de forma muy significativa.
Otra vez se habla de que la gente debe contribuir con impuestos, pero ¿está siendo retribuida en cuanto a servicios?
Es muy comprensible que se hagan estas preguntas cuando se habla de nuevos tributos: ¿para qué, para dónde va a ir esto, cómo es la calidad del gasto, qué pasa con la corrupción? Son cuestiones fundamentales. Ecuador tiene que mejorar la calidad del gasto y la transparencia. Ahí tenemos todos que ser exigentes y vigilantes. Es necesario que la política se fortalezca en este sentido, pero también es cierto que hoy se necesitan recursos para gasto social y que Ecuador atraviesa por una situación difícil.
