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USD 293 millones debe el Estado por sueldos atrasados a ministerios

Un plantón de funcionarios públicos se hizo el pasado miércoles en la Shyris, en Quito.

Un plantón de funcionarios públicos se hizo el pasado miércoles en la Shyris, en Quito.

Un plantón de funcionarios públicos se hizo el pasado miércoles en la Shyris, en Quito. Foto: Cortesía Frente de Defensa de las y los Trabajadores Públicos

Con 21 días de retraso en el pago de los salarios de julio a funcionarios públicos, el Gobierno arrastra una deuda de USD 368,7 millones por remuneraciones pendientes, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

De ese monto, USD 239,4 millones se adeudan a los 22 ministerios, siendo la Cartera de Educación la que más atrasos registra. A esa entidad se le deben USD 160 millones. Le siguen Salud y Defensa. Esas instituciones reúnen alrededor del 65% de la nómina del sector público.

Empleados expresan su malestar por la situación y reclaman al MEF ponerse al día.

En el Magisterio los retrasos empezaron en abril. “Cada vez, los días sin pago van aumentando”, dice Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE).

Vargas cuenta que varios maestros buscan ingresos por otros medios, ya sea vendiendo comida y productos por redes sociales, con tutorías o adquiriendo créditos.

Ella menciona que al dar clases por medios telemáticos se han visto en la necesidad de incurrir en gastos que no son reconocidos en sus sueldos, como el pago de Internet o comprar equipos tecnológicos.

Al séptimo mes del año, el Estado debía cancelar por egresos en personal a todo el sector público USD 4 872,2 millones, de los cuales han pagado USD 4 503,5 millones.

Los inconvenientes con las transferencias dieron paso a la conformación de nuevos colectivos de funcionarios. Uno de ellos es el Frente de Defensa de las y los Trabajadores Públicos, que se inició en mayo con 30 servidores y ahora suma 100.

Juan José Viteri, vocero del grupo, reconoce que las demoras obedecen a la crisis profundizada por la pandemia del covid-19, pues antes los sueldos se recibían con normalidad.

Sin embargo, reprocha que el Gobierno privilegió el pago de una parte de la deuda externa, lo que afectó el pago puntual a los funcionarios. “La situación de muchos servidores es de subsistencia”, describe.

Los trabajadores también han impulsado acciones legales. A finales de julio, un juez constitucional aceptó la petición de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y señaló que se han vulnerado los derechos de los involucrados, obligando al MEF a pagar los sueldos los primeros días del mes.

Un fallo similar recibieron los defensores públicos de Guayaquil, el pasado 19 de agosto. La jueza del caso también dispuso a Finanzas cancelar los sueldos de julio y ofrecer disculpas públicas por los atrasos. La Defensoría del Pueblo también planteó una acción de protección por este tema, el pasado 17 de agosto. La audiencia judicial se llevará a cabo el 27 de agosto.

Finanzas señaló el miércoles pasado que “pese al impacto de la crisis sanitaria en la liquidez económica” ha realizado “todo el esfuerzo posible” para mantenerse al día en los pagos a varios sectores “que merecen atención prioritaria”.

Entre marzo y agosto del 2020 pagó USD 840 millones en aportes al Seguro. Además, se canceló USD 71,8 millones por la decimocuarta remuneración a los servidores de la Sierra y Amazonía y dijo que cancela 130 millones al mes en salarios de funcionarios que están en primera línea como servidores de hospitales, de Defensa y Fuerzas Armadas.

Iván Bastidas, presidente de la Confederación Nacional de Servidores Públicos (Conasep), asegura que él es uno de los funcionarios que hasta el momento no cobran el décimo. En esa misma línea, la Presidenta de la UNE explica que los trabajadores que mensualizan los décimos y fondos de reserva tampoco han visto ese dinero en sus cuentas.

El exministro de Economía, Fausto Ortiz, cree que aún hay espacio de optimización del gasto como una mayor reducción de la jornada equiparable a la del sector privado.

Mauricio Pozo, exministro de Finanzas, considera que también se pueden eliminar más entidades, aunque cree que existe poco espacio político para tomar ese tipo de decisiones.

Sobre las acciones legales señaló que “pueden enjuiciar al Ministro, botarle al funcionario y venir otro, pero si no hay dinero no se va a poder pagar”. Cree que el Fisco ahora depende del financiamiento que pueda conseguir del Fondo Monetario y China para intentar ponerse al día en algunos rubros.

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