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Solo 3 de cada 100 obreros pertenecen a un sindicato en Ecuador

De der. a izq.: Los sindicalistas Carlos Malla, Jaime Simbaña y Edwin Bedoya. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

El mundo del trabajo está cambiando de forma acelerada, pero los sindicatos parecen no seguirle el ritmo, en especial en países como Ecuador, donde apenas tres de cada 100 personas con empleo pertenecen a una organización.

Los sindicatos tienen la capacidad de incidir en políticas laborales, como la definición del salario básico del trabajador, y son la voz de la fuerza laboral ante los empleadores.

Las centrales también han tenido un papel clave en la defensa de los derechos de los obreros durante la pandemia, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Sin embargo, en Ecuador el número de sindicatos se viene reduciendo. Actualmente existen 1 605 organizaciones activas, casi la mitad de las que había en 2017.

Esta situación es particularmente crítica en momentos en que el Gobierno anuncia que volverá a enviar su reforma laboral para crear empleos, mediante la reducción de los costos de contratación e inyectar flexibilización al mercado.

Para Edwin Bedoya, vicepresidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut), el sindicalismo está en crisis, pero el problema no es de ahora.

Bedoya dice que ajustes normativos en los últimos años han debilitado a los movimientos en el país. “Antes podíamos hacer un sindicato con 15 personas, hoy con 30. Además, se limitó la conformación de sindicatos en el sector público, que eran los más numerosos”.

La pandemia supuso otra dura prueba. Las restricciones de movilidad limitaron el soporte de los gremios para trabajadores que sufrieron abusos por la aplicación de la Ley Humanitaria, dijo Bedoya. “Se despidió a empleados sin indemnización, se bajaron los salarios, pero no las horas de trabajo”.

Otro problema fue el ausentismo a las asambleas sindicales, que llegó al 75% al inicio de la crisis sanitaria, porque no todos los trabajadores contaban con herramientas tecnológicas o no sabían cómo usarlas, en especial en el sector rural.

Los sindicatos promovieron capacitaciones en herramientas digitales y, con ello, la inasistencia se redujo al 25%.

Bedoya agrega que en el Ministerio de Trabajo están represadas las aprobaciones de nuevos sindicatos y directivas. De estas últimas, hay 15 en espera por más de seis meses. Este Diario consultó a la Cartera sobre las demoras, pero hasta el cierre de la edición seguían procesando las respuestas.

La renovación del rol de los sindicatos en medio de un mercado laboral cambiante es otro reto. Los jóvenes quieren ganar experiencias en distintas empresas, mientras crecen los negocios en áreas de la tecnología y los servicios.

Pero para Roberto Estrada, director del Área de Comportamiento Humano del IDE Business School, los sindicatos “mantienen un modelo desgastado y tradicional, que usualmente pone en conflicto a trabajadores y empleadores. Las cosas han evolucionado, pero de parte de ellos no se ve ningún enfoque diferente”.

El catedrático cree que las nuevas generaciones no entienden el concepto sindical y tampoco lo ven útil, en especial cuando no están pensando en permanecer indefinidamente en una organización, sino que buscan flexibilidad.

Bedoya discrepa y cree que garantizar estabilidad y buenas condiciones laborales es clave, más ahora cuando “como pretexto de la pandemia” se han trastocado derechos. También hay autocrítica; y dice que para atraer a los jóvenes han incorporado temas nuevos, como el ambiente.

Otra estrategia es buscar apoyos. Por ejemplo, la Central Única de Trabajadores (CUT)reporta 32 327 miembros, pero si se suman los convenios firmados con gremios del transporte, artesanos y otros son 1 millón de partícipes, explica su presidente, Richard Gómez.

Otra crítica es la falta de renovación. Aunque el objetivo es deseable, según los gremios, es complejo lograrlo en un país donde para formar un sindicato se debe pasar por un tortuoso camino. Por ejemplo, SitraTalma, sindicato de una empresa aeroportuaria, tardó siete años en formarse, luego de un intento fallido en el que los dirigentes fueron despedidos.

Carlos Malla, presidente de otra agrupación, Emsa, que también está en el sector aeroportuario, defiende este derecho porque dice que ha logrado que se respete la jornada y se pague lo justo a trabajadores cuando son despedidos.

Frente a la reforma laboral, los gremios ya anuncian movilizaciones si el Ejecutivo insiste en lo que ellos denominan “vulnerar derechos”.

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