La Corte Constitucional (CC) prevé pronunciarse hasta finales de año respecto a dos demandas interpuestas contra el Decreto 813, que reglamentó la compra de renuncias obligatorias en el sector público. Bajo esa figura, unos 2 700 burócratas fueron despedidos en octubre pasado.
Las acciones de inconstitucionalidad fueron presentadas por el Movimiento Popular Democrático (MPD) y la Federación de Servidores Públicos (Fenasep).
Los demandantes expusieron sus argumentos la mañana de ayer ante el Pleno de la CC.
En sus intervenciones, el representante del MPD, Luis Villacís, sostuvo que la figura de compra de renuncia obligatoria “atenta contra el derecho de la estabilidad laboral” garantizado en la Constitución, por lo que debe ser declarada inconstitucional
El presidente de la Fenasep, Miguel García, añadió que la Asamblea Nacional objetó la misma figura, cuando a finales del 2010, rechazó el veto parcial de la Ley del Servicio Público del Ejecutivo que intentó incluirla como la disposición transitoria.
Para respaldar el Decreto 813, estuvieron presentes el asesor jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, y el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa.
En la audiencia, Mera argumentó que al igual que existe el despido intempestivo en el Código de Trabajo para los empleados del sector privado, en el sector público rige la figura de la renuncia con indemnización.
Añadió que el Estado ya ha vivido varios procesos de reestructuración en los cuales ha separado a funcionarios públicos. Entre ellos citó a la Ley de Reforma a las Finanzas Públicas de 1999, que dio paso a la salida de burócratas y no fue declarada inconstitucional.
Señaló que la “estabilidad laboral es un derecho renunciable” de los trabajadores, ya que un empleado puede dejar una empresa o el Estado según su voluntad. El presidente de la CC, Patricio Pazmiño, aunque no dio plazos, señaló que la institución se pronunciará antes de que termine este año.