Demanda penal contra Pedro Delgado por falta de título

La falta de evidencia de un título de tercer nivel motivó una denuncia penal en contra de Pedro Delgado Campaña, presidente del Directorio del Banco Central del Ecuador (BCE) y titular del fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad.

El asambleísta Enrique Herrería (ex Madera de Guerrero) presentó ayer la demanda por presunto delito de falsedad ideológica ante el Fiscal General. Según dijo, Delgado ejerce funciones públicas para los cuales se requiere título profesional de economista. Pero en sus investigaciones no encuentra el título acreditado.

En los arts. 337 y 338 del Código Penal se tipifica como delito que un funcionario público hiciera constar datos no verídicos en documentos oficiales. Y lo sanciona con reclusión de 7 a 9 años.

El 14 de agosto pasado, René Ramírez, secretario nacional de Educación Superior, Ciencia e Innovación (Senescyt), le contestó al asambleísta una consulta sobre el título profesional de Delgado. “No puede emitir certificados de emisión de títulos, más que únicamente para uso en el extranjero o para fines judiciales”.

Hasta el cierre de esta edición, Pedro Delgado no dio una versión al respecto, pese a requerimientos de este medio. Aunque el pasado 13 de octubre, en la cadena CNN en español, aseguró que sí tiene título y mencionó un número de carné del Colegio de Economistas de Pichincha.

Pero luego este gremio dijo que ese documento fue provisional por un año, en 1997, con el compromiso de revalidar el título.

Según Herrería, lo grave es que se podría dejar insubsistentes decisiones tomadas por Delgado entre el remate de bienes de deudores de la banca cerrada, así como la administración de empresas incautadas, a cargo del Central y fideicomiso.

En el caso de la venta del 70% del paquete accionario del grupo de empresas azucareras EQ2 existen observaciones preliminares de la Contraloría del Estado.

Allí se cuestiona la venta de USD 130 millones, por privilegios a un comprador, otorgar descuentos que carecen de sustento y saltarse procedimientos legales.

Cristóbal Buendía, defensor de los trabajadores de EQ2 que buscan comprar el 30% de las acciones restantes, cree que de comprobarse el supuesto delito de falsa ideología, el Estado estará vulnerable por daños y perjuicios de inversionistas que adquirieron bienes a través del fideicomiso.

Otras empresas incautadas que son cuestionadas por mal manejo son Maxigraf, EICA y Cofiec.

Sobre Maxigraf, Delgado emitió un oficio al Presidente de la República el 24 de octubre pasado, en donde le informa que se está preparando un plan de liquidación ordenada de la empresa y venta de activos. Y señala la posibilidad de emitir vistos buenos a los trabajadores que se tomaron la planta el 11 de octubre, y por la falta de operatividad de la compañía incautada a los Isaías.

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