La empresa de telecomunicaciones Claro, del magnate mexicano Carlos Slim, anunció, hoy martes 11 de febrero de 2014, que impugnará la multa de 138,5 millones de dólares que le impuso el órgano ecuatoriano de control de mercado por afectar la libre competencia.
Claro calificó de injustificada y desproporcionada la multa de USD 138,4 millones que recibiera por parte de la Superintendencia de Control y Poder del Mercado, sobre una supuesta práctica anticompetitiva en perjuicio de la otra telefónica estatal CNT.
La operadora Conecel (Claro Ecuador) señaló que la CNT bien puede instalar sus propias antenas en terrenos aledaños a las suyas, lo cual fue motivo de una demanda por parte de la CNT en el 2012, al señalar que esa práctica afectaba la ampliación de cobertura de su servicio.
Conecel indicó que la cláusula de exclusividad para el alquiler de los más de 1 200 terrenos arrendados a nivel nacional, que es la base para la sanción, no está vigente desde mediados del año pasado. También, que aquellas cláusulas no incumplían con ninguna ley y que han presentado todas las pruebas de descargo incluyendo un informe técnico desarrollado por un mismo perito de la Superintendencia que les es favorable.
Para Teodoro Maldonado, principal del Departamento Jurídico de Conecel, en la industria telefónica existen varias formas para determinar cuáles son los puntos geográficos con mejores características para colocar las antenas radiobases.
Según Conecel, la telefónica CNT tiene entre cuatro y 12 terrenos más para colocar sus propias radiobases en Jipijapa, vía a Portoviejo, San Lorenzo, vía a Mataje y Archidona. En estos lugares CNT indicó que no podría ampliar su cobertura telefónica ya que los terrenos alquilados por Conecel tienen contratos de exclusividad.
“No ha existido barrera de entrada ni limitación de competencia para ningún operador telefónico”, indicó Maldonado quien añadió que aún se estudian las acciones legales que interpondrán ante la sanción económica. De efectivizarse la sanción, según el jurídico de Conecel, se pondrían en riesgo los planes de desarrollo que mantienen para mejora de servicios, ya que tendrían que destinar recursos para el pago de la multa
La multa impuesta en primera instancia equivale a 10% del volumen de negocios de Claro en 2012. El representante de la empresa insistió en que la sanción es “totalmente injustificada y desproporcionada”, y reiteró que impugnará la decisión ante la propia Superintendencia o el tribunal de lo contencioso administrativo.
Según Maldonado, Claro presentó pruebas de descargo que no han sido consideradas por la autoridad. “No entiendo por qué no se han valorado las pruebas de descargo, y no hemos tenido acceso a las pruebas (de CNT). Nos hemos estado defendiendo a ciegas”, sostuvo.
El Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones (Conecel), que opera la marca Claro, está en Ecuador desde 1993, y fue condenado en 2012 a pagar unos 193 millones de dólares por impuestos pendientes.