La declaración patrimonial genera más interrogantes

La Asamblea ya tiene en sus manos el proyecto de Ley de Transparencia del Patrimonio Privado para su discusión. El texto fue remitido por siete asambleístas que dan cumplimiento a la pregunta 6 de la consulta popular celebrada en mayo pasado.

Allí, la ciudadanía aprobó que el enriquecimiento privado no justificado sea considerado como delito. Y, según este proyecto, se lo define como “el incremento no razonable o justo del patrimonio o haber económico de una persona natural, integrado por bienes y activos de cualquier clase, originado en actividades de carácter ilícito”.

Además, se establece que todas las personas cuyo patrimonio exceda las 400 remuneraciones básicas unificadas (USD 105 600) estarán obligadas a presentar la declaración patrimonial. Actualmente, la ley establece que presenten la declaración quienes tengan más de USD 200 000.

Además, se establecen las sanciones. Así, las personas que aumenten su patrimonio hasta en 200 remuneraciones básicas (USD 52 800), y no justifiquen, irán a la cárcel entre uno y cinco años; quienes suban de USD 52 800 a 316 800 (1 200 remuneraciones) entre tres y seis años y quienes lleguen a sumar más de USD 316 800 entre seis y nueve años.

Según el tributarista Wilson Ruales, antes ya se realizaba la declaración a partir de los USD 100 000, pero se reformó y se subió a USD 200 000. “Hoy, otra vez, lo quieren bajar. No tiene utilidad alguna porque habrá un incremento fuerte de la cantidad de declaraciones y por tanto se dificultará el control”.

En cambio, el abogado Pablo Zambrano explica que el objetivo será que el Servicio de Rentas Internas (SRI) tenga una base de datos más amplia, pero bajar el monto para declarar generará incertidumbre en la gente.

“Eso es lo criticable, que se pretenda presumir la corrupción y presumir que somos unos ‘vivos’. Finalmente, considero que este tipo de proyecto lo que allana el camino es para que en el futuro se cree un impuesto al patrimonio. Y, justamente, se va a pretender tener este listado de gente para mantener el control sobre sus actividades”.

Puntos de vista

Javier Bustos. Catedrático

‘La declaración sería inconstitucional’

Si el enriquecimiento privado pasa a ser tipificado como delito, el deber de presentar la Declaración Patrimonial  sería un procedimiento  inconstitucional. La razón es que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, un  principio consagrado en la Constitución del Ecuador, específicamente en el artículo 77, numeral 7, literal c.

Silvia Salgado / Asambleísta

‘La lucha es contra la industria del delito’

En todos los países en donde se ha legislado para incriminar y sancionar como delito autónomo el enriquecimiento ilícito de los particulares, se ha esgrimido como objetivo  el combate a la delincuencia organizada, cuya eficacia se ve afectada por el creciente perfeccionamiento de los métodos que utilizan las sociedades del crimen, convertidas en  industrias del delito.

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