El control a las instituciones del sistema financiero, que el Gobierno busca a través del proyecto de Código Monetario y Financiero, tiene el carácter de urgente, no tanto porque haya un riesgo inminente en la economía, sino porque el Régimen quiere evitar que los argumentos en contra tomen fuerza y generen preocupación en un sector sensible. Además, porque cree que este proyecto ya ha sido debatido lo suficiente dentro del propio Gobierno.
Este proyecto fue discutido y analizado solo con instituciones financieras públicas, organismos de control, Banco Central del Ecuador y luego con instancias políticas de Alianza País. Aunque el Ministro Coordinador de la Política Económica dijo que las instituciones financieras privadas ya lo conocían, y que incluso habían presentado propuestas de reforma, gremios como la Asociación de Bancos Privados del Ecuador no se han pronunciado porque recién lo está estudiando.
En tres semanas se deberán analizar en la Asamblea unos 600 artículos del proyecto de ley, el cual promete cambiar las relaciones de poder con las regulaciones que emita una Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, conformada solo por representantes del Ejecutivo.
En ese mismo tiempo se deberá discutir sobre el direccionamiento del crédito, donde el Gobierno terminaría definiendo cuánto, a qué sectores prestar y a qué tasa de interés, pero sin responsabilizarse por las consecuencias de direccionar los préstamos.
El trámite del proyecto en la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea empezó la semana pasada con un libreto que se ha vuelto previsible. Los involucrados han acudido a la Comisión para presentar sus observaciones. Han tenido 20 minutos para hacerlo porque hay que recibir a todos los actores y no hay tiempo, pues el proyecto es urgente. Al final, todos los involucrados desfilarán por la Asamblea, habrán presentado sus propuestas, pero la ley se terminará aprobando con la mayoría de Alianza País.