La alerta continúa prendida entre los representantes del único buró privado de crédito en el país, en actores del sistema financiero y en analistas económicos. Crediticia, aprobada en la Asamblea el pasado 2 de octubre.
Actualmente, el documento espera el veto o aprobación del Ejecutivo. Y mientras tanto, la principal preocupación gira en torno a la eliminación de los burós privados y el manejo exclusivo de la información de los clientes por parte del Registro de Datos Crediticios, que a su vez estará bajo la Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos (Dinardap).
Carlos Díaz, apoderado de Equifax, el único buró privado de crédito que actualmente opera en el país (hace 10 años había seis), exhortó al Gobierno para que al menos se les permita la coexistencia con el buró público.
“Buscamos permanencia en el mercado. Coexistir. Vemos a la nueva entidad pública como una competencia. Pero nosotros hemos hecho fuertes inversiones y conocemos cómo hacer las cosas. Eliminar los burós es retroceder”.
Estas declaraciones las hizo Díaz durante una conferencia organizada por el Grupo Spurrier ayer, en Quito, donde también participó el analista económico Alberto Acosta Burneo. Según este economista, el problema es que, al menos como está planteada la Ley, no se garantiza que el buró público haga modelos de análisis con la información que recaben.
“La información va a estar, pero no es suficiente. El valor agregado que ha entregado un buró privado ha sido hacer modelos para las empresas”.
Es decir, entre otras cosas, la información que genera un buró identifica el hábito de pago de las personas naturales, proporciona a los departamentos de cobros de las empresas un sistema de alerta que permite anticiparse al potencial riesgo en la morosidad de la cartera a su cargo, ayuda a que sea más fácil para las pequeñas y medianas empresas ofrecer sus productos y servicios para el mercado objetivo adecuado y permite proteger al sistema contra eventuales falsificaciones de datos.
Para el analista de riesgos Fernando Soria, quien no participó en la conferencia, el principal problema es perder el ‘know how’ de los burós privados. “Ellos ya conocen el sistema y ha funcionado muy bien durante una década. Si el buró público no entra con las mismas capacidades, habrá desconfianza y eso se traducirá en mayores exigencias o en un recorte de los créditos a los clientes”.
Cifras que maneja el Grupo Spurrier dan cuenta de que en los últimos cinco años, en promedio 663 000 personas por año accedieron a servicios financieros por primera vez. Asimismo, el número de consultas realizadas a los burós de crédito se ha incrementado en los últimos cinco años en 3,8 veces hasta llegar a un total de 18,1 millones de consultas durante el año pasado.