Debate de la Ley de Seguridad Social excluye tema de la pensión jubilar

Los jubilados han realizado protestas fuera del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en diferentes ocasiones por el tema de pensiones. Foto: Archivo / EL COMERCIO

El mecanismo que aplica hoy el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para aumentar las pensiones de sus jubilados afecta seriamente la sostenibilidad financiera de la entidad, pero el tema no es parte de las reformas al sistema que la Asamblea Nacional trata este lunes, 29 de diciembre, en primer debate.
Hasta el 2010, el alza a la pensión de jubilación se calculaba con base en la inflación. Con ello, los incrementos eran de alrededor del 3% al año.
Pero en noviembre de ese año, la Asamblea reformó la Ley de Seguridad Social y dispuso que las jubilaciones se aumenten cada año entre 4,31% y 16,16%, según el monto (a menor pensión mayor aumento).
Un informe interno del IESS, presentado en agosto pasado a las cámaras de la producción, advierte que este incremento afecta “seriamente” a la sostenibilidad del Fondo de Pensiones, una cuenta que se nutre de los aportes de los afiliados y que paga las pensiones.
Y sugiere que la única forma de sostener ese incremento de pensiones será subir el aporte del afiliado del 9,7% al 12,7.
Víctor Hugo Villacrés, presidente del Directorio del IESS, dijo días atrás, en una entrevista en Radio Visión, que los afiliados de Ecuador son quienes menos aportan para pensiones en la región (9,7%), frente a los de Colombia (18%) o a los de Perú (14%). “Pese a ello, la pensión promedio de un jubilado en Ecuador es la más alta” de la región, explicó.
Ya en marzo del 2013, un estudio interno actuarial del IESS señalaba que este aumento “no tiene sustento técnico” y elevaría el déficit actuarial en el Fondo de Pensiones a USD 11 224 millones en el año 2050.
El déficit actuarial significa que el IESS no tendrá dinero suficiente en el futuro para pagar las pensiones de sus asegurados, pues sus gastos serán mayores que sus ingresos.
Para cubrir este déficit o faltante de dinero, el IESS necesitaría recursos equivalentes a los ingresos petroleros del Fisco de dos años y medio.
Ese informe, avalado por la consultora Actuaria, sugería eliminar esta reforma.
Sin embargo, el tema no se incluyó en el proyecto de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo no Remunerado en el Hogar, que debate la Asamblea. La iniciativa plantea reformar la Ley de Seguridad Social para que el ama de casa acceda a una pensión de jubilación.
Pero, además, la reforma podría dar un nuevo golpe al Fondo de Pensiones, pues incluyó un artículo que elimina el porcentaje fijo de aporte del 40% que hoy realiza el Estado a la seguridad social nacional para el pago de pensiones.
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Este aporte estatal será de USD 1 100 millones en el 2015.
En el informe actuarial se señala que el hueco en el Fondo de Pensiones llegaría a USD 71 007 millones si se elimina el 40% de aporte estatal.
Para compensar este aporte, el informe sugería duplicar el aporte que hoy realizan los afiliados, del 9,7% al 17,8%.
El representante de los empleadores al Directorio del Instituto de Seguridad Social, Felipe Pezo, señaló en un documento presentado a la Asamblea el 18 de diciembre pasado que la reforma deja en el aire el aporte del 40%. Si bien en la reforma se dice que el Estado “garantizará” las pensiones, no explica cómo ni con cuánto.
“Temo que el Estado tendrá el pretexto perfecto para no pagar dicho subsidio, al no establecérsele con claridad de cuánto es”, puntualizó.
El asambleísta de oposición Andrés Páez señaló que esta será una nueva afectación al Fondo de Pensiones que hoy debe cubrir ya elevados incrementos a las pensiones.
Para el exdirector del IESS, Marco Morales, se pretende introducir una reforma nuevamente sin estudios técnicos, como ocurrió cuando se introdujo la tabla de incremento de pensiones en el 2010.
“La eliminación del 40% pondrá en riesgo el pago de pensiones. No sabemos desde cuándo se afectará el pago, porque no conocemos los estudios técnicos y actuariales”.
El jurista Marco Proaño Maya consideró que la eliminación o modificación del porcentaje de aporte estatal debe partir de una reforma integral y no de un proyecto “parche”.
Y advirtió que la eliminación del 40% sin estudios técnicos es arbitraria y peligrosa.
Para compensar ese valor, el único camino, explicó, es el aumento del aporte del afiliado, de la edad de jubilación o del cálculo de la pensión.
Al Presidente del Directorio del IESS no le preocupa esta reforma, pues dijo que busca que el Estado garantice “de forma irrestricta” el aporte e insistió en que el 40% es hoy un limitante. “Si un Gobierno no quiere pagar, no lo hace con o sin porcentaje. El Gobierno se puso al día. Si hubiera querido dejar de pagar lo hubiera hecho. Por qué debería desconfiar de quien ha pagado puntualmente”, enfatizó.
Hoy el IESS tiene siete afiliados por cada jubilado, lo cual le permite tener un flujo importante de recursos para cubrir pensiones jubilares.
Pero este escenario cambiará en los próximos años. Para el 2050 se proyecta que el IESS tenga 3,5 afiliados por cada pensionista.
En contexto
El aporte del 40% del Estado al IESS para el pago de pensiones tiene 72 años de historia. Se fijó en 1942 con la Ley de Seguridad Social aprobada en el gobierno de Carlos Arroyo del Río. Los primeros pensionistas del país que datan de ese año ya recibieron el subsidio.