La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. El recurso impugna una sentencia de la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia que reconoció una indemnización a favor de un exservidor público desvinculado mediante acuerdo bilateral.
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La acción fue ingresada el 28 de marzo de 2025 y se basa en un análisis de presunta contradicción con varios artículos de la Constitución. La ministra sostiene que la sentencia judicial interfiere con las competencias del Ejecutivo para normar las relaciones laborales del sector público.
El documento fue firmado por Núñez en su calidad de ministra y representante del Ministerio del Trabajo.
El pedido ante la Corte Constitucional por parte de la Ministra de Trabajo sobre el desahucio
La ministra solicita que se declare la inconstitucionalidad de la sentencia 17777-2021-00101, emitida por la Sala Especializada de lo Laboral. En ese fallo, la Corte Nacional ratificó la condena al Ministerio del Trabajo para pagar una indemnización.
El monto fue fijado a favor de un trabajador público que firmó un acuerdo de terminación laboral. Según Núñez, esa decisión judicial desconoce el marco legal aplicable al sector público.
El recurso sostiene que la sentencia judicial es incompatible con las normas que rigen el servicio público. La ministra argumenta que el fallo aplica de forma indebida principios del Código del Trabajo. Ese cuerpo legal, indica, está destinado al ámbito privado y no puede ser trasladado al régimen público. Además, cuestiona que se reconozca una indemnización sin considerar las condiciones legales de la desvinculación.
Cuestionamiento a la aplicación del desahucio
La demanda señala que la figura del desahucio no aplica en el régimen público. La ministra argumenta que dicha figura es propia del Código del Trabajo, que rige exclusivamente para relaciones laborales del sector privado.
Según el documento, la sentencia impugnada utilizó este mecanismo para ordenar una indemnización a un exservidor público. Esa aplicación, dice el recurso, resulta contraria a la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP).
El Ministerio del Trabajo sostiene que la decisión judicial altera el régimen jurídico del empleo público. En su criterio, reconocer el desahucio como causal de pago vulnera el principio de legalidad.
También se alega que esa interpretación introduce incertidumbre normativa para la administración pública. Por ello, se solicita que la Corte declare inconstitucional la sentencia que ordenó dicho pago.
Los argumentos de la demanda
Finalmente, la Ministra del Trabajo, solicitó a la Corte Constitucional:
- Declarar la inconstitucionalidad de la Resolución 003-2025 por el fondo emitida por la Corte Nacional de Justicia, en su artículo 1, que establece que los trabajadores que terminan su relación laboral por separación o retiro voluntario no podrán acogerse a la bonificación por desahucio.
- Declarar procedente la suspensión provisional de los efectos de la Resolución No. 03-2025, emitida por la Corte Nacional de Justicia, mientras se resuelve el fondo del asunto, solicitud que la formulo de conformidad con lo establecido en el artículo 79, numeral 6 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
