Tres analistas y dos jubilados creen que el problema en definir una metodología de pago no es pretexto para que el Ministerio de Finanzas no se ponga al día en la cancelación del aporte estatal del 40% de pensiones y la atención de salud a jubilados desde mayo del 2010.
La deuda estatal con la institución hasta la fecha es de USD 2 776,6 millones, según la actualización de datos realizada en estos días por la Dirección Económica del Seguro Social y a la cual tuvo acceso este Diario.
[[OBJECT]]Para Manuel Vivanco, ex vocal del Consejo Directivo del Seguro, los diferentes ministros de Finanzas han encontrado en la fórmula de liquidación de los montos e intereses del 40% de pensiones y atención de salud a jubilados un justificativo para dar largas al pago de esta deuda.
“Esto ocurre porque los gobiernos en general han sido malos pagadores al Seguro Social. Y un mal pagador es reticente a aceptar las cifras correspondientes”, dice.
Jaime Carrera, del Observatorio de la Política Fiscal, señala que no hay razón para los retrasos, sobre todo por la enorme liquidez con la que cuenta el Gobierno.
“Los recursos se presupuestan cada año, el problema es que al final no se pagan. Este año también están presupuestados 600 millones para este tema, pero hay que ver si se concretan”.
Vivanco añade que otro problema es que el Gobierno no ha dado una respuesta al tema del déficit actuarial que se comprometió a pagar y financiar en el 2008.
El analista Mauricio Pozo señala que es difícil medir el impacto de la deuda estatal si no se actualizan los estudios actuariales, los cuales permiten estimar si los ingresos que hoy entregan los afiliados cubrirán el valor de sus pensiones en el futuro. En el 2003 el Seguro estimó un déficit o falta de recursos para cubrir las pensiones en USD 3 700 millones. Señala que los problemas de pago del Gobierno se generan porque el ritmo de gastos sobrepasa el ingreso de recursos que recibe la Caja Fiscal. Además, cuestiona el hecho de que en el 2010, cuando el Gobierno y el Seguro Social definieron el pago de una parte de estas obligaciones, no se haya definido la metodología definitiva para evitar nuevos retrasos.
Gabriel Riera, de la Asociación de Jubilados Batalla de Tarqui, coincide con este criterio y señala que el Ministro de Finanzas debe fijar de forma definitiva la metodología para el pago de esta deuda. Si el Estado no paga el 40% de pensiones, el Seguro asume el 100% y eso puede desfinanciar el fondo de pensiones, agrega.
Según Édison Lima, del Frente de Defensa de Jubilados, el Ministerio de Finanzas está incumpliendo el artículo 271 de la Constitución que obliga al Estado a transferir de forma oportuna los recursos para la prestación de seguridad social. Aunque el Seguro tiene herramientas legales para cobrar lo adeudado, como la coactiva, no las ejerce, acota.