A las 09:30 se instaló la sesión del Pleno de la Corte Constitucional (CC) para tratar el tema de la inconstitucionalidad del Decreto 813, que viabilizó la compra de renuncias obligatorias a los servidores públicos. Producto de ese Decreto, entre el 28 y 31 de octubre del presente año salieron alrededor de 2 700 burócratas.
Esto, en medio del escándalo sobre un presunto delito de soborno en el caso de la Cervecería Nacional.
La Fiscalía General del Estado inició el pasado 5 de noviembre una instrucción fiscal sobre cuatro sospechosos de delito (soborno), en el caso de la compañía, que se disputa desde el 2008.
El fiscal subrogante, César Morales anunció el inicio de la instrucción fiscal contra el presidente de la Corte Constitucional (CC), Patricio Pazmiño; el representante legal de la CerveceríaNacional, Roberto Jarrín y los hermanos Alfredo y Arturo Larrea, ex funcionarios de la CC.
El presidente de la Corte Constitucional, Patricio Pazmiño, evitó pronunciarse sobre la presunta vinculación en un caso de soborno dentro del proceso que siguen ex trabajadores de Cervecería Nacional contra la industria licorera.
El análisis para tratar el tema de la inconstitucionalidad del Decreto 813 està en el quinto punto del orden del día. Al momento se encuentran en el tercero.
Sin embargo, se conoció que hoy no se resolverá el tema sino que se trataría un pedido de audiencia para hablar sobre el tema, interpuesto por la Federación Nacional de Servidores Públicos la semana pasada.
Miguel García, titular de esa organización, señaló que es fundamental que se expongan los planteamientos de los trabajadores sobre el tema “El juez sustanciador, Roberto Brunnis, expuso que ambas partes deberían exponer sus argumentos en una audiencia pública”.