El presidente Rafael Correa junto a Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional. Foto: Archivo
Los titulares de las principales funciones del Estado han ratificado esta semana su intención de continuar con el proyecto para la redistribución de las utilidades de los trabajadores de las empresas de telefonía móvil del país. “No es correcto que
4 500 familias obtengan ganancias con un recurso, como es el espectro radioeléctrico, que pertenece a todos los ecuatorianos”, dijo el presidente Rafael Correa durante el Enlace Ciudadano desde la parroquia rural Llano Grande.
La Asamblea Nacional analiza al momento un proyecto para reformar la Ley de Telecomunicaciones que otorgaría al Estado el 12% de las utilidades de las operadoras y el 3 % a los trabajadores, en lugar de entregar el 15% a los empleados, como establece la legislación actual.
El Primer Mandatario explicó que la distribución de utilidades permitirá al Estado disponer de USD 100 millones para construir, por ejemplo, más de 4 000 laboratorios de internet al año y suministrar acceso a la red a tres millones de estudiantes o poner en marcha 5 000 “infocentros” para que todas las comunidades del país dispongan de conexión de banda ancha. “Yo no puedo permitir que haya empresas que trabajen con recursos naturales estratégicos que tengan 155% de rentabilidad sobre el patrimonio cuando el promedio mundial es de 18%. No se puede permitir para eso está el Estado entonces vamos a reformar esto. Ya estamos analizando las medidas muy probablemente se pongan limites mas estrictos para las llamadas telefónicas”, añadió.
Por su parte la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, señaló que la Legislatura continuará con el debate de la propuesta para la redistribución de las utilidades y que se creará una mesa de diálogo para encontrar alternativas con los mismos trabajadores de las telefónicas. El objetivo sería mejorar sus salarios y reducir paulatinamente las utilidades.