Con el argumento de impulsar la economía social y solidaria, el actual Gobierno dio rienda suelta, a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social, a la creación de cooperativas, sin que paralelamente se montara un sistema eficiente de control.
En los dos últimos meses cerraron inesperadamente las cooperativas Makita Kuk y Credi-Unión, en Guayas. Ahora se investiga su situación financiera, mientras miles de depositantes esperan la devolución de sus recursos.
No deja de llamar la atención que las autoridades hayan aprobado el nombre de Makita Kuk, cuando había otra cooperativa con un nombre similar (Maquita Cushunchic), la cual se había posicionado en el mercado luego de 14 años.
Lo anterior es solo una muestra de la falta de control, pues hay cooperativas que funcionan en locales que antes eran tiendas de abarrotes o bazares, como sucede en Tungurahua.
Si bien las cooperativas más grandes del país están reguladas por la Superintendencia de Bancos y cumplen con exigencias similares a las de los bancos, hay un ejército de pequeñas cooperativas que operan sin mayor supervisión.
La Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria es la nueva entidad que controlará a todas las cooperativas del país y afronta una disyuntiva. Si exige un nivel de solvencia igual para todas, el grueso de las cooperativas pequeñas no pasará la prueba. Y si reduce la exigencia para ese grupo corre el riesgo de que el gran número impida un control eficiente.