El artículo 23 de la Declaración de los Derechos Humanos establece que toda persona debe gozar de seguridad y salud en el trabajo. En base a este principio, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social implementó el pasado 7 de octubre el Sistema de Auditorías de Riesgo del trabajo mediante resolución CD333.
El objetivo es medir técnicamente el cumplimiento de las reglas para prevención de los riesgos del trabajo y las enfermedades profesionales por parte de las empresas. Para ello, el IESS elaboró un instructivo y está terminando una aplicación informática para sistematizar la información.
A inicios del 2011, el Seguro General de Riegos del Trabajo (SGRT) empezó a socializar el tema en gremios empresariales y sectores sociales. Pero algunos empresarios dicen que saben del mecanismo de forma superficial.
“Tuvimos un contacto con la entidad y les dijimos que antes de empezar cualquier control y sanción es necesario que haya capacitación. Luego de esta charla hemos concretado reuniones con autoridades del Seguro Social con el objetivo conocer más de la medida adoptada”, señaló Ignacio Pérez, presidente de Expoflores.
Si bien este y otros empresarios tienen interés en conocer más sobre los mecanismos de control y prevención de los riesgos del trabajo, en el país existe escaso conocimiento sobre esta temática.
“De acuerdo a un informe del Banco Mundial, solo el 5% de los accidentes laborales en la región se denuncia porque la gente desconoce que la seguridad en el trabajo es un derecho”, explicó Pablo Suasnavas, decano de la Facultad de Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad SEK.
El SGRT reconoce la informalidad alrededor del tema y la existencia de subregistros de los accidentes de trabajo, producto de la falta de denuncias por parte de los afectados. Según datos de la entidad, entre el 2008 y el 2010 se registraron 21 600 accidentes laborales y en lo que va del año su sumaron 2 957 denunciados.
“Estos son los que se han reportado. Suelen producirse en la agricultura y la construcción, sectores en los que los obreros sufren caídas, golpes, heridas con herramientas, entre otros accidentes laborales”, se dijo desde el SGRT.
Suasnavas coincide con estos datos aunque cree que en las industrias y las oficinas también hay riesgos para los trabajadores por el manejo de productos químicos, ambientes no ergonómicos y situaciones psicosociales que generan estrés laboral negativo.
Por ello considera que el tema no solo debe socializarse entre empresarios y trabajadores, sino entre las universidades, entes que pueden analizar elementos relacionados al tema y capacitar a los ciudadanos sobre el mismo.
Pensando en esta opción, el SGRT trabajará con los centros de educación superior. Con ese fin ha firmado convenios con varias instituciones para la formación de auditores (cursos de 40 horas). Ello debido a que la norma CD333 establece que las personas encargadas de las inspecciones sean externas al IESS.
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Según el SGRT, universidades como la SEK, San Francisco, Guayaquil, etc., y la Cámara de la Construcción de Quito trabajarán en el proceso, al que pueden acceder personas con formación en diversas áreas con conocimientos en sistemas de prevención de riesgos. También se puede ir a cualquier centro acreditado por la Senescyt y obtener un certificado de acreditación como auditores.
“Estamos elaborando el programa de formación a través de un equipo técnico. Privilegiaremos la capacitación a auditores relacionados al sector de la construcción, aunque analizamos dar apoyo en otras áreas. Estimo que el proceso arrancará a fines de este mes”, señaló Hermel Flores, presidente de la Cámara de la Construcción de Quito.
El empresario espera que en la entidad que preside se capaciten entre 100 y 150 personas. Aún no han definido si los talleres tendrán costo. En otras universidades, según autoridades del SGRT, la formación de los alumnos ya comenzó o está por arrancar..
Estas personas, junto a empresas de auditoría (que podrán participar en un concurso público para ser seleccionadas en el proceso), se encargarán de las inspecciones que se iniciarán tentativamente en octubre. Aún no hay un dato del número de auditores.
“Mediante el sistema se verificarán a las empresas con más de dos años de existencia. Según la Superintendencia de Compañías, 40 000 están registradas en el país. También se auditará al sector público y a 130 000 empleadores que no necesariamente tienen empresas”, señaló una de las autoridades del SGRT.
Una vez que empiece el proceso se notificará con 10 días de anticipación a la empresa y transcurrido este tiempo se verificará cerca de 125 ítems, entre documentales y técnicos, entre los que están gestión administrativa, planes de contingencia, accidentes y enfermedades laborales, etc.
Terminado el proceso, el auditor deberá elaborar un informe en ocho días y 24 horas después notificar a la empresa los resultados. En la primera inspección no habrá sanciones, ya que de hallarse inconsistencias se le dará a la empresa un plazo de seis meses para aplicar la normativa establecida.
Si tras ese período no hace modificaciones será sancionada con el “aumento de la cotización del rol de pago en 1% durante los próximos 24 meses, con la posibilidad de fijar la misma sanción en cada verificación si no hay cumplimiento”, indicaron en el SGRT. Si las irregularidades con respecto a la norma son menores, el incremento será del 0,5%.