Al interior de Petroecuador aún se evalúa cómo dar por terminado el contrato con la compañía Gasolinas y Petróleos SA, (Gaspetsa) firma conformada por 628 trabajadores de la petrolera estatal, quienes fueron suspendidos el 17 septiembre pasado.
Sin embargo, los abogados de Petroecuador buscan no caer en incumplimientos dentro del proceso a fin de no motivar una indemnización para Gaspetsa.
El acuerdo, suscrito el 25 de febrero del 2005 para la elaboración y despacho de combustible artesanal en Esmeraldas, establece siete causales para darlo por terminado.
La primera es el incumplimiento del objeto del acuerdo. Una segunda causal es la terminación por entendimiento mutuo. El contrato contempla también como tercera opción que Petrocomercial pueda declarar la terminación unilateral por incumplimiento de la contratista.
Una cuarta motivación para cerrar el compromiso sería una sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del contrato.
Las otras tres causales establecen que se puede terminar el acuerdo suscrito por la quiebra de Gaspetsa, la disolución de su personería jurídica o si las multas por retraso en la entrega del combustible superasen el 10% del monto total del contrato.
Mientras los abogados se ponen de acuerdo respecto al tema, Petroecuador ha suspendido la provisión de materias primas (nafta y lubricante) a Gaspetsa para la elaboración de combustible de pesca artesanal desde el mismo día en que fueron suspendidos los trabajadores de la petrolera estatal.
El gerente de la empresa, Cristóbal Torres, indicó que hasta el viernes pasado no recibieron ninguna notificación de Petroecuador de dar por terminado el contrato.
Este sería un incumplimiento ya que el artículo 4.6 del acuerdo establece como obligación de Petrocomercial el proporcionar mensualmente a Gaspetsa el mínimo de nafta base y lubricante “para abastecer la demanda de la provincia de Esmeraldas y norte de Manabí”.
Sin embargo, del lado de Gaspetsa tampoco hay urgencia para usar este argumento en una demanda contra el Estado.
Según el presidente de la compañía, Juan Velasco, la controversia con Petroecuador podría ser sujeta a una negociación. Indicó que de continuar la suspensión de la entrega de materias primas para elaborar la gasolina para pesca, enviarán hasta mañana una carta a Petroecuador para que justifique esta actuación.
De no recibir una contestación, en dos semanas iniciarían las acciones legales por el incumplimiento del contrato y para exigir la indemnización del Estado.
Sin embargo, Velasco señaló que de darse una negociación, pedirían la suspensión de todos los pedidos de visto bueno para los 628 trabajadores de Petroecuador que tienen acciones en Gaspetsa. Luego de ello, se pediría un tiempo prudencial para que los empleados vendan sus acciones y así subsanar el tema.
Mientras se evalúan estos escenarios, en Petroecuador se integraron comités de crisis para afrontar la falta de personal. Bajo este escenario llamó a los trabajadores que estaban de vacaciones para que se reintegren a sus puestos y redistribuyó al personal para cubrir las plazas vacantes.
Hoy continúan las audiencias de descargo de los trabajadores de Petroecuador suspendidos ante los inspectores de trabajo. Estas se realizarán en las instalaciones de Petroecuador desde las 08:00.
La Contraloría inició examen
El jueves pasado la Contraloría General del Estado notificó a Gaspetsa sobre el inicio de un examen especial a la participación accionaria de los empleados de Petroecuador y sus ex filiales en la compañía que elaboraba gasolina para pesca artesanal.
En la notificación, la Contraloría informó que el examen también comprendía una revisión de los procesos de adjudicación y ejecución de los contratos suscritos entre Petrocomercial y Gaspetsa entre octubre del 2005 y septiembre del 2010.
Para ello pidió de Gaspetsa la escritura de constitución de la compañía, el detalle de los accionistas indicando las fechas de ingreso, el número de acciones con su valor en el mercado y el incremento de su participación.
También pidió los estados financieros, la distribución de utilidades por accionistas y las actas de las sesiones de la empresa.
Las obligaciones de las partes en el acuerdo
Gaspetsa se comprometió al firmar el contrato en febrero del 2005, a elaborar y despachar el combustible para pesca artesanal desde su planta en Winchele, cantón de San Mateo en Esmeraldas.
El combustible que Gaspetsa elaboraba debía regirse a la normativa técnica ecuatoriana INEN 2223, para motores de dos tiempos. El proceso de fabricación estaba bajo la normativa hidrocarburífera.
El contrato contempla que Gaspetsa debía emitir con el aval de la Dirección Nacional de Hidrocarburos (DNH) los certificados que acreditaban la calidad del combustible de pesca artesanal elaborado.
La entrega del combustible estaba condicionada a la emisión de órdenes de despacho que realizaba Petrocomercial. La gasolina estaba dirigida a comercializadoras autorizadas por la ex filial de Petroecuador.
De no disponer Petrocomercial de lubricante para la elaboración de combustible, Gaspetsa debía adquirirlo y la ex filial tenía que reembolsar el valor del derivado más un 10% por gestiones operativas.
Las controversias entre las partes se sujetaban al Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado. De no solucionarse, pasaban al Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo.
Petrocomercial estaba obligada a entregar mensualmente el volumen mínimo de nafta y lubricante para abastecer de combustible para pesca artesana a Esmeraldas y el norte de Manabí.
El volumen de nafta y lubricante para la elaboración de combustible para pesca artesanal lo determinaba Petrocomercial cada seis meses y debía ser entregado en la planta de Gaspetsa.
La ex filial de Petroecuador debía realizar cada mes una auditoría operativa a Gaspetsa para verificar los volúmenes de entrega y despacho de combustible para pesca artesanal además de revisar los permisos de la compañía.
Para la elaboración del combustible, Petrocomercial debía entregar a Gaspetsa una serie de manuales e instructivos referentes a la fabricación, despacho y movimiento de derivados de petróleo.
El valor por la elaboración de combustible de pesca artesanal era de USD 0,05 por galón fabricado y despachado. Este valor se reajustaba anualmente con la inflación determinada por el INEC.
Las partes debían firmar un convenio de seguridad de inversiones, que contemplará posibles indemnizaciones en caso de terminarse anticipadamente el acuerdo. Pero ello nunca se concretó.
