Responsabilidad penal por uso de los aviones presidenciales
El Dassault Falcon 7X se adquirió en 2013 para los vuelos transatlánticos, debido a la demanda de autoridades.
El uso de los aviones presidenciales, de Tame y Petroamazonas, entre enero del 2012 y el 24 de mayo del 2017, no pasaron el examen de la Contraloría, que envió un informe con responsabilidades penales a la Fiscalía.
De 214 vuelos al exterior efectuados por el Legacy 600 y el Falcon 7X, 29,4% fue del exmandatario Rafael Correa y el resto por otras autoridades.
Para los auditores se desvirtuó la naturaleza de estas naves, que fueron definidas como presidenciales, según las regulaciones del Comando Conjunto de las FF.AA.
Si bien Correa no era el custodio, el informe aclara que como máxima autoridad debía velar por la economía y su uso eficiente. Así que incumplió la Ley Orgánica del Servicio Público y el reglamento para la administración, utilización, manejo y control de bienes y existencias del sector público.
33 vuelos en las dos aeronaves administradas por el Grupo de Transporte Aéreo Especial (GTAE), otros 23 vuelos de Tame y dos de ‘Petro’ no fueron autorizados por la Presidencia. Se desconoce si fueron o no para actos oficiales y costaron USD 9,64 millones.
Esta treintena de desplazamientos -a cargo del GTAE- tampoco contaron con lista de pasajeros en varias rutas ni con el peso de carga y equipaje. De esta muestra, 24 fueron a Panamá, Barbados, Guyana, Granada y otros ocho paraísos fiscales, de los cuales en 12 no hubo lista de viajeros en varias rutas ni el pesaje. Los otros 12 desplazamientos fueron de los exministros de Relaciones Exteriores y Finanzas.
En 15 vuelos sin permisos se evidenciaron variaciones en el número de pasajeros embarcados y desembarcados en las diferentes rutas sin tener justificación, el motivo del viaje y el peso. El comandante de nave contestó a la Contraloría que no le compete la autorización de movimiento de pasajeros, pues no es su función. Este argumento fue acogido, pero no se pronunció sobre el resto de observaciones.
Cinco comandantes indicaron que los aviones no transportan carga y el manejo del equipaje como de las personas a bordo son responsabilidades del GTAE. Pero esto no fue aceptado, pues el Manual de Operaciones de la FAE establece el procedimiento para el pesaje de equipaje y cargo, lo cual no se cumplió.
El comandante actual del GTAE informó que en el enero del 2019 dispuso la elaboración del peso y balance de los aviones con el peso real del equipaje a bordo.
Además, se observó que en los aviones subieron personas de otros países en 22 desplazamientos. En algunos casos no hay la identidad, solo el número de pasaporte. Ninguno de estos vuelos tuvo autorizaciones. En el 2012 se realizó un vuelo del Legacy a Río de Janeiro sin pasajeros de ida y vuelta, que costó USD 32 904.
En el caso de Tame entregaron el detalle de 24 viajes por USD 7,7 millones, los cuales tampoco registran permisos y manifiesto de pasajeros.
El pasado 14 de diciembre, EL COMERCIO publicó que el gasto de la operación de los aviones supera los USD 100 millones y su compra no significó un ahorro porque se siguió usando las naves de Petroamazonas y Tame.
Correa, a través de su procurador, primero señaló que no le correspondía estar al tanto de las autorizaciones y en los casos en que no existiría solicitud de viaje se debe tratar de un “error” pues lo itinerarios se originaron en función de los intereses del país.
También dijo que no le corresponde responder por el destino de los vuelo y trasladó la responsabilidad al GTAE y a la Subsecretaría de Despacho Presidencial.
