El Hospital del IESS Quito Sur es una de las infraestructuras observadas por la entidad. Foto: Archivo EL COMERCIO
Luego de nueve meses de trabajo, la Contraloría General del Estado (CGE) presentó el pasado jueves 14 de febrero de 2019 los resultados de 19 exámenes especiales sobre la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
El organismo emprendió en mayo del año pasado un plan emergente de control al Seguro, que terminó en la predeterminación de nueve indicios de responsabilidad penal, que ya fueron enviados a la Fiscalía General del Estado.
En los 19 informes se estableció, además, 60 destituciones para funcionarios del IESS y se predeterminaron sanciones administrativas y civiles por USD 88 millones.
Otros 25 informes sobre la situación del Seguro Social están en ejecución. Los hallazgos de estas auditorías estarán listos en los próximos 45 días, por lo que aún se podrían generar más sanciones, explicó el contralor Pablo Celi.
En total son 44 informes que se enfocaron en cuatro áreas de la seguridad social: estudios actuariales, situación de los fondos, administración del talento humano e infraestructura hospitalaria y adquisición de equipos y medicamentos.
De los 19 exámenes que se difundieron ayer, 13 corresponden a este último tema.
En estos documentos se predeterminan 29 destituciones y se establecen sanciones administrativas y civiles por USD 84,83 millones.
Contraloría analizó los procesos de construcción, fiscalización, equipamiento y mobiliario en los hospitales San Francisco y Quito Sur (Quito); Los Ceibos (Guayaquil), Machala (Machala); también, en el centro médico La Mariscal, torre de consultorios Lote Cien (Quito) y Secretaría Técnica de Contratación y Subdirección Nacional de Compras Públicas.
Una de las principales conclusiones en este tema es que el Seguro firmó convenios de crédito para financiar las obras, a pesar de que existía el presupuesto para construirlas sin necesidad de endeudar a la entidad. La explicación la dio Carlos Riofrío, director del área de Contraloría que analiza la seguridad social.
Las obras tampoco habrían contado con estudios completos y actualizados. Según Riofrío, la entidad no revisó planos, cantidades de obras y especificaciones técnicas, necesarias para el funcionamiento adecuado de los hospitales.
Cuatro auditorías se realizaron a las operaciones administrativas y financieras de los fondos que están a cargo del IESS. Los seguros más importantes en términos de manejo de presupuesto son pensiones y el área de salud. Como resultado, 14 destituciones deberán ejecutarse; además, se predeterminaron sanciones por USD 3,3 millones.
La Contraloría cuestiona que el Instituto de Seguridad Social haya recurrido a sus ahorros para cubrir los huecos financieros por las modificaciones a las tasas de aportación y la eliminación del 40% del aporte estatal. Esas decisiones afectaron a la sostenibilidad futura de la entidad.
En el 2015, el Consejo Directivo del Seguro aprobó, con los votos del representante del Ejecutivo y del vocal de los empleados, aumentar de forma temporal el aporte de pensiones para afrontar la crisis del seguro de salud. El vocal de los empleadores se opuso a esa decisión.
El examen detalla que, a pesar de la recomendación de Contraloría, hasta ahora no se han determinado ni el monto de la deuda que mantiene el Estado con el IESS -por el tema de atenciones médicas– ni la forma de pago.
Los documentos también concluyen que existe una concentración de inversiones en títulos de deuda emitidos por el Ministerio de Finanzas.
En la tercera área, referente a los estudios actuariales, se realizó un solo examen.
Los estudios actuariales son proyecciones matemáticas que permiten saber si los ingresos que tiene el IESS van a alcanzar para cancelar las pensiones de los futuros jubilados.
En este punto se concluyó que no se aplicaron metodologías actuariales, ocasionando subestimación del déficit en el Fondo de Invalidez para el año 2053 en, al menos, USD 124 000 millones. Y el aparecimiento del déficit estaría subestimado en, al menos, 12 años.
Según el informe, el déficit actuarial del Fondo del Seguro de Salud está subestimado en, al menos, 14 000 millones. “Al 31 de diciembre del 2013, la sostenibilidad financiera de los fondos ya era frágil”, pero no se advirtió, añadió Riofrío.
El cuarto tema de análisis tratado fue el de talento humano. La primera conclusión es que se hicieron descuentos mensuales en las nóminas, sin autorización de los servidores, para transferirlos a movimientos políticos y a funcionarios de la institución. Según Celi, los recursos debitados fueron al movimiento Alianza País.
Otro hallazgo fue que se contrató personal que no cumplió los requisitos legales para ocupar cargos en el nivel jerárquico superior. El informe da cuenta que se pagaron remuneraciones y afiliación a personal desvinculado de la entidad.
Finalmente, se concluye que el número de servidores del IESS subió en 17 743, de los cuales el 77% cuenta con la aprobación del Consejo Directivo.