7 de February de 2011 00:00

Contraloría entra al caso Cervecería

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Con la decisión del contralor General del Estado, Carlos Pólit, de disponer que un equipo de esa entidad ingrese  a la Corte Constitucional (CC) para abrir investigaciones  en contra de sus funcionarios, el caso de la Cervecería Nacional (CN) dio un giro.

La presencia de la Contraloría en el caso de la CN se da luego de  la denuncia del asambleísta Galo Lara sobre  una presunta venta de fallos en la Corte Constitucional  a favor de la Cervecería.

Lara solicitó la semana pasada  a la Fiscalía investigar la supuesta vinculación entre el pago de USD 500 000 a Alfredo Larrea Jijón, hermano del secretario de la Corte Constitucional, Arturo Larrea Jijón, y el fallo a favor de esta entidad sobre un conflicto laboral de la  Cervecería Nacional.

Lara dijo a la Fiscalía que “Alfredo Larrea depositó el cheque en su cuenta corriente, y luego de cuatro días sacó USD 200 000 en efectivo. El 20 de  enero, la Corte  suspendió los efectos de las medidas constitucionales”.

En declaraciones a El Ciudadano, el Contralor anunció  que la pesquisa dentro de la CC durará  35 días. De encontrar irregularidades en la institución, Pólit recordó su facultad de sancionar de forma administrativa, lo que implica suspensión o destitución,  o la sanción económica al funcionario implicado.

Al respecto, Arturo Cervantes, representante de los ex trabajadores demandantes, dijo que la “Cervecería  violenta la Constitución y compra conciencias de estos hombres corruptos”. Así respaldó la   petición de investigación que hizo el  asambleísta.

La resolución de la CC determinó que los jueces que tramitaron las acciones de protección y las medidas cautelares convirtieran un tema jurisdiccional en constitucional. El fallo dejó sin efecto las causas constitucionales que se tramitaron.

Mientras tanto, CN negó cualquier pago a favor de un fallo. Hernando Segura, vicepresidente de Asuntos Corporativos de CN, calificó de “construcción atrevida” la solicitud de Lara. Explicó  que Alfredo Larrea no tiene vinculación con el caso. “Él es parte de uno de los bufetes de abogados que contratamos para darnos servicios en distintas áreas”.

Añadió  que las facturas y el contrato están suscritos a nombre de Alfredo Larrea Jijón, por esto los honorarios también fueron a su cuenta. Lo que no supo precisar fue el nombre del bufé.

Por su lado, Cervantes relató que  en su visita a Quito (jueves y viernes pasados) pidió una copia de la resolución de la Corte, pero “nadie me quiso dar nada”. Entre las personas que nombró estaba Arturo Larrea, quien tampoco atendió su solicitud. Ayer no fue posible obtener una versión de los hermanos Larrea.  

Los ex trabajadores llevarán el reclamo laboral  a instancias internacionales. El litigio comenzó cuando ex trabajadores de la CN se unieron para reclamar el pago de utilidades desde 1990. 

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