Constructores solicitarán acción de protección para frenar norma que prohíbe recibir anticipos
La Cámara de la Industria de la Construcción (Camicon) pidió a la Superintendencia de Compañías dejar sin efecto la aplicación del reglamento que prohíbe a las inmobiliarias vender en planos los proyectos de vivienda que no cuenten con los permisos municipales, esto es la licencia de construcción.
Así consta en una misiva enviada por este gremio hoy 22 de enero a Suad Manssur, superintendenta de Compañías.
La norma, que está en vigencia desde el 18 de diciembre, busca evitar las estafas inmobiliarias y las demoras en la entrega de viviendas.
No obstante, según la cámara, que agrupa a 1 500 constructores del país, la norma impedirá la ejecución de la mayor parte de proyectos inmobiliarios, ya que actualmente estos se financian hasta en un 50% con el mecanismo de preventas o también conocido como ventas en planos.
En la misiva la Camicon indicó, además, que el trámite para obtener la licencia de construcción en municipios tarda al menos un año, lo cual dificultará el financiamiento de los proyectos, pues sin este requisito no pueden recibir anticipos de los clientes.
“Las pocas empresas que cuenten con la liquidez y solidez para financiar las obras, cargarían este incremento de costo al precio de la vivienda”, anotó Hermel Flores, titular de la Camicon.
En la carta, se anota que la norma incentivará la informalidad, que no está sujeta a estos controles de la Superintendencia de Compañías, pues el reglamento solo afecta a las empresas.
Según datos de la Camicon, en Quito, durante el 2013, de 888 empresas y personas naturales que desarrollaron proyectos inmobiliarios, un 30% son personas naturales. En tanto, en Guayaquil, de 125 emprendedores, un 3% correspondió a personas naturales.
El gremio considera que los más afectados serán pequeños constructores que no cuentan con el financiamiento y las empresas enfocadas en proyectos de vivienda de interés social, donde el principal mecanismo de financiamiento es el ahorro de las familias que no pueden acceder al crédito del sistema financiero. “Esta disposición impide y deslegitima este proceso que, como ahorro programado consta en los reglamentos del Ministerio de Vivienda”, anota la misiva y agrega que supondría el fin de este tipo de proyectos.
El gremio solicitó la conformación de una comisión conjunta con las autoridades para “encontrar mecanismos adecuados que cumplan con el objetivo de la Superintendencia de Compañías”.
Anunciaron, además, que el gremio resolvió, en asamblea efectuada el pasado martes, solicitar una acción extraordinaria de protección para frenar la aplicación de la norma.
Flores dijo que este momento los abogados de la cámara trabajan en la elaboración de este recurso que será presentado esta semana.
