El estado de excepción decretado luego del caos que vivió el país el jueves pasado, obligó a la Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG) a elevar sus medidas de seguridad a nivel 2. La decisión se adoptó a las 21:30 de ese día y duró hasta las 15:30 de ayer.
El recinto portuario regresó al nivel 1, considerado normal, luego de 18 horas. Este se eleva según el riesgo de atentados, según el manual internacional de seguridad portuaria y naviera.
El 65% del comercio exterior (sin petróleo) ecuatoriano se mueve a través de este puerto, según datos del Banco Central del Ecuador.
En los exteriores de APG y a lo largo de la av. 25 de Julio, los enfrentamientos entre policías y civiles obligaron a redoblar el resguardo. El control del ingreso al puerto fue más exigente.
Debido a los incidentes registrados en la ciudad, el flujo de ingreso y salida de contenedores fue más lento durante la tarde de ayer, debido a que no todos los transportistas alcanzaron a cumplir con su jornada el día anterior.
Édison Rodríguez decidió no trabajar en su plataforma durante la rebelión de policías y se reintegró a sus actividades ayer. Lo hizo aunque le significó perder un contrato de USD 100.
Pero no solo los transportistas retrasaron su actividad. También lo hicieron los empresarios importadores.
Andrés Mata, director de la Asociación de Almacenes de Electrodomésticos (Asadelec), dijo que los socios prefirieron suspender la movilización de contenedores, debido a la falta de resguardo policial. El riesgo de ser asaltados fue muy elevado el jueves.
Luis Cao, gerente de la concesionaria Contecon, aclaró así que las actividades no fueron paralizadas por la entidad. La atención diaria se aproxima a los 1 800 contenedores.