La Comisión de Régimen Económico analizó por casi tres horas el texto enviado por el Ejecutivo. Foto: Eduardo Terán / ÚN
La Comisión de Régimen Económico recomendó el 15 de diciembre del 2019, en un informe no vinculante, allanarse a 12 de las 13 objeciones del veto que emitió el Ejecutivo a la Ley de Simplicidad Tributaria. En cuanto a la objeción 7 sobre los envíos que hacen los migrantes, se resolvió ratificarse en el texto enviado.
Esta decisión se tomó por unanimidad, luego de casi tres horas de análisis del texto enviado por el Ejecutivo a la Asamblea el sábado 14 de diciembre.
Daniel Mendoza (AP), presidente de la Comisión, mencionó que el veto del Ejecutivo mejora y aclara la redacción. Aseguró que amplía los beneficios de la norma aprobada el 9 de diciembre en la Asamblea.
Sin embargo, precisó Mendoza, que el veto exceptúa lo relacionado al beneficio que se planteó para el envío de paquetes que hacen los migrantes. En la objeción séptima del Ejecutivo, se argumentó que es necesario que se regulen el número de paquetes y el monto de los envíos.
Según el veto, de estadísticas levantadas sobre envíos realizados por ecuatorianos residentes en el extranjero, solo el 4% ha hecho uso del envío del máximo de 12 paquetes al año en el 2019. El 96% no ha completado el cupo actual.
Por ello, el Gobierno sugirió que el Comité de Comercio Exterior (Comex) sea el que establezca los nuevos límites y regule estos envíos.
Sin embargo, los legisladores de esta Comisión insistieron en que se debe eliminar las restricciones en el número de envíos de paquetes de los migrantes bajo el sistema 4×4 o sin aranceles. Esas restricciones son un límite de 12 envíos o un monto máximo de USD 2 400 al año.
Aparte de esta objeción, el veto presidencial sugiere otras modificaciones, que, aunque fueron discutidas, no presentan cambios importantes.
Entre estas, se mantiene la reforma que permite al Fisco emitir deuda por hasta 3% del Producto Interno Bruto (PIB); es decir, unos 3 300 millones en un año, para pagar obligaciones pendientes con gobiernos locales, proveedores y universidades. No obstante, el Ejecutivo añadió que el Estado también podrá usar este mecanismo para pagar las sentencias judiciales o laudos arbitrales, siempre y cuando la contraparte esté de acuerdo con recibir esos papeles.
Otra recomendación es la ampliación en la gama de productos agrícolas que estarán exentos del impuesto de consumos especiales (ICE).
El beneficio se amplía para las bebidas elaboradas con todo tipo de productos agrícolas, siempre y cuando estos sean comprados a pequeños agricultores, artesanos o microempresas. En el caso de la cerveza, según el texto, el beneficio se aplicará únicamente para nuevas marcas.
Esta última excepción generó inquietud en ciertos legisladores. Lira Villalva (RC) expresó que “no entiende”, porque no se favorece a las marcas de cerveza ya establecidas.
David Jaramillo, representante del Ministerio de Finanzas, explicó que se planteó lo de las nuevas marcas para resguardar la recaudación actual que se genera a través de este impuesto, que es de más USD 200 millones. Caso contrario –incluyendo todas las marcas vigentes- lo recaudado se reduciría a la mitad.
Otra de las objeciones que se discutió en la Comisión fue la sustitución que hizo el Ejecutivo del artículo que establecía la posibilidad de que las empresas telefónicas puedan devengar el pago por el uso del espectro radioeléctrico, por uno que alude a que el Estado promoverá a través del ente rector en telecomunicaciones para la reducción de la brecha digital. Este cambio fue destacado por legisladores como Hermuy Calle (RC).
Aparte hay otros puntos que constan en el informe no vinculante. Está previsto que la Comisión de Régimen Económico remita este documento lo más pronto posible al presidente de la Asamblea, César Litardo (AP), para que convoque a una reunión al Pleno y se debata el tema.
En función de este escenario, Mendoza dijo que la reunión se podría realizar mañana, 17 de diciembre, por la noche.
Si el Pleno se acoge a lo propuesto por la Comisión, en esta sesión se requerirán de dos votaciones. Una para allanarse y otra para ratificar un artículo. Patricio Donoso, legislador (CREO) explicó que para la primera se necesitarán de 70 votos y para la otra de 91 votos. Luego de este proceso, la Ley de Simplicidad Tributaria podrá ser remitida de manera directa al Registro Oficial para su publicación.
