Un escenario de incertidumbre se vislumbra en las relaciones comerciales entre Ecuador y Estados Unidos. La salida de los embajadores de ambos países en las naciones donde prestaban sus servicios diplomáticos llevó a que las misiones que representaban queden prácticamente acéfalas.
“Esta situación generará incertidumbre en las empresas estadounidenses afincadas en Ecuador. Ellas evaluarán las condiciones internas y determinarán si mantendrán o no las inversiones”, señaló Carol Chehab, consultora ecuatoriana del Observatorio de Comercio Exterior.
Un estudio del Ministerio Coordinador de la Producción revela que hasta el cierre del 2009 la inversión extranjera directa de Estados Unidos en Ecuador fue de USD 34,1 millones, lo que implica 238,5 millones menos que la registrada un año antes.
“Lamentablemente Ecuador no ha sido un receptor importante de inversión extranjera directa. Hay esfuerzos del Gobierno para atraer mayor inversión, pero no hay opiniones favorables de parte de inversionistas americanos”, señaló Cristian Espinosa, titular de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana (Amcham).
El dirigente reconoce que una mala relación política afectará de manera negativa en la generación de nuevos negocios, pero que se debe mantener la tranquilidad en cuanto a la continuidad de las exportaciones e importaciones hacia y desde ese país.
Pero, aún antes de desatarse la crisis diplomática, ya existían problemas en las ventas de Ecuador hacia el mercado estadounidense, producto de la no ampliación de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (Atpdea).
Una vez que los productos nacionales empezaron a pagar aranceles para ingresar al mercado estadounidense, varios importadores decidieron que los exportadores ecuatorianos asuman esos costos y otros optaron por suspender los contratos vigentes.
Este es el caso de Alfredo Zeller, propietario de Provefruit, exportadora de brócoli. “Nos cancelaron la compra de una línea especial del producto congelado que solo se vende a EE.UU. Esto representa una baja del 10% y la reducción en los turnos de trabajo. Pese a ello mantengo los empleos”.
Pero, la posibilidad de reducción de puestos de trabajo en las exportadoras es cada vez más cercana. Actualmente más de 500 000 personas en el país laboran en empresas vinculadas a la venta de productos bajo Atpdea.
“Pero no solo ellos podrían enfrentar problemas laborales sino todas las personas que trabajan en compañías cuyo origen sea estadounidense ya que cualquier efecto en las empresas impacta también en sus empleados”, explicó Carol Chehab.
La incertidumbre no solo gira alrededor de lo laboral sino también de la continuidad de los proyectos en los que trabaja la Embajada estadounidense en el país, los acuerdos de cooperación, los tratados vigentes, entre otros.
Según Pablo Villagómez, subsecretario para América del Norte y Europa de la Cancillería, de forma histórica se han firmado 370 convenios y actualmente hay seis vigentes, con sus respectivos enmiendas, relacionados con 11 áreas de cooperación entre las que está el crecimiento económico, seguridad, antinarcóticos, etc.
El fortalecimiento de los mismos e incluso el establecimiento de nuevos convenios (incluso la determinación de firmar un acuerdo comercial para el desarrollo) se pudo concretar en el diálogo político – económico entre los dos países, previsto para junio, que está en el limbo.
Hay demasiada alarma: King
La ministra Coordinadora de la Política Económica, Katiuska King, señaló que los posibles impactos para el país han sido sobredimensionados por los medios de comunicación ecuatorianos.
“Hay declaraciones alarmistas. El tema de la Atpdea hay que verlo en su real dimensión”. Y luego explicó que de las 6 300 partidas que podrían beneficiarse del sistema, el país hizo uso el año pasado de 400 , es decir, menos el 7%.
Ella explicó que el impacto de la no ampliación de la Atpdea en el sector petrolero será de USD 3,9 millones, el cual lo asumirá el Estado. Mientras que en el sector no petrolero el impacto asciende a 21,6 millones, lo que suma un total de 25,5 millones. El cálculo que hacía semanas atrás el Ministerio Coordinador de la Producción era de 40 millones.
Para las empresas que venden productos no petroleros el Gobierno les dio como opciones bajar su rentabilidad o alzar sus precios. Los efectos en empleo dependerán de cada empresa.