Un tanquero que transporta derivados recorre calles de Quito, luego de adquirir productos a la estatal Petroecuador. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO
El Gobierno anunció que permitirá a empresas privadas importar libremente combustibles con el fin de generar un ahorro al fisco.
La intención no es nueva, ya que consta en el Reglamento de la Ley de Hidrocarburos desde 2005; sin embargo, no ha generado interés hasta ahora por falta de claridad en fijación de precios y almacenamiento de productos.
Por eso, Petroecuador ha sido prácticamente la única importadora.
El Estado busca ahora que la empresa privada entre al negocio, con una mejor calidad de combustible, y almacene el producto en las instalaciones de Petroecuador.
El importador pagará una tarifa de arriendo por el uso de la infraestructura estatal.
Además, el Gobierno estableció que el precio de venta a los consumidores finales del sector productivo (industrial, comercial, naviero y aéreo) será definido por cada comercializador y no será una facultad exclusiva de Petroecuador.
Para el efecto, el pasado 24 de septiembre se publicó el Decreto 1158, el cual reforma el Reglamento de regulación de precios de derivados.
La importación tiene vía libre para el gas comercial e industrial, diésel, gasolinas, solventes, fuel oil, gas natural, jet fuel y otros derivados que consumen nueve sectores económicos. Entre ellos están el industrial, naviero y aéreo, que no reciben subsidios estatales.
En el caso del gas licuado de petróleo (GLP) de uso doméstico, el Gobierno mantendrá la subvención estatal, aseguró René Ortiz, ministro de Energía. Es decir, el cilindro de 15 kilos seguirá costando USD 1,60.
Tampoco se verán afectados los precios de los sectores automotor (vehículos particulares y buses), camaronero, pesquero y atunero, porque se mantiene el sistema de bandas de precios de acuerdo con el precio internacional del crudo WTI (ver recuadro).
Ortiz explicó que si los comercializadores traen al país combustible con las mismas características de los actuales productos que hay en el mercado, los precios se sujetarán al mecanismo de fluctuación.
Si los derivados son de una calidad superior, los valores de venta serán establecidos por los importadores.
La implementación del decreto tomará tiempo. La Agencia de Regulación y Control de Energía tiene 30 días para definir cuáles serán los actores de la cadena de comercialización.
El Instituto Ecuatoriano de Normalización (Inen), en cambio, deberá actualizar en 120 días la norma para comercializar combustibles.
Y en 60 días las entidades públicas revisarán y, de ser el caso, adecuarán su normativa para validar la importación de derivados por parte de terceros. El tarifario que cobrará Petroecuador por la utilización de sus equipos e infraestructura se conocerá en los próximos días, dijo Ortiz.
Es necesario que se generen mecanismos para que el sector privado pueda invertir en su propia infraestructura de transporte y almacenamiento, dijo Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG).
En el caso de los industriales arroceros, el uso de GLP pesa un 30% en el costo de producción, sobre todo, en secado.
Juan Pablo Zúñiga, titular de la Corporación de Industriales Arroceros del Ecuador (Corpcom), dijo que si los nuevos importadores ofrecen un precio por debajo de lo actual (USD 0,30 por kg), “serían una buena opción para
bajar costos”.
La Ley de Hidrocarburos dispone que, además de Petroecuador, cualquier persona natural o jurídica domiciliada o establecida en el país podrá importar o exportar hidrocarburos sujetándose a los requisitos técnicos y las normas.
“No hay sentido para las empresas comprar a precio internacional y vender a un precio menor”, refiere Oswaldo Erazo, vocero de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo.
La compañía Transfuel, grupo naviero dedicado al transporte de productos petroleros, está autorizada para importar desde noviembre del 2015.
María del Rosario Escobar, presidenta de la compañía, manifiesta que el trámite es engorroso y el pago del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) hace inviable el negocio, ya que los pone en desventaja frente a la estatal Petroecuador, que no paga el tributo.
Además, los comercializadores pagarán el impuesto al valor agregado (IVA).
Estos son temas por resolver para que existan más participantes en el mercado, expresó Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y Producción (CIP). Sugiere reformar la Ley de Hidrocarburos que señala que el gobernante de turno, por decreto, fijará el precio de los derivados.
Por otra parte, el analista Carlos Calero cree que la nueva disposición incidiría en las ofertas que reciba el Estado por la licitación de la Refinería de Esmeraldas, ya que al abrirse la importación a terceros se reduce la participación en el mercado de los productos de la planta de refinación.