María Dolores acude todos los meses a un spa para realizarse tratamientos de belleza. Ella comenta que en ese lugar le cobran un 10% adicional a la tarifa establecida, cuando paga con tarjeta de crédito.
Esta quiteña asegura que también en un local de calzado del Centro Comercial El Bosque (norte de Quito), le cobraron el mismo porcentaje adicional por no pagar en efectivo.
En esos lugares, los vendedores le argumentaron que el monto adicional corresponde a los gastos de transacción que se realiza con la tarjeta de crédito. Ella conoce que el cobro excesivo es ilegal, sin embargo, no sabe en qué entidad debe presentar su queja.
Lo mismo le sucedió a Jorge Andrade, un quiteño de 29 años. Cuando fue a reencauchar los neumáticos de su vehículo hace un mes le cobraron un 10% adicional al valor fijado. Esto ocurrió en un local del norte de Quito.
El pasado 7 de junio, la Junta Bancaria dispuso que cuando los clientes quieran hacer un pago con tarjeta de crédito, se lo haga al mismo precio que el de contado. Esta norma está registrada en la resolución JB-2012-2208.
La norma ya constaba en el artículo 50 de la Ley de Defensa al Consumidor. Además, la resolución dispuso que “toda oferta, promoción, rebaja o descuento vigente para el pago al contado será exigible para pagos mediante el uso de tarjetas de crédito”.
La misma normativa señala que este beneficio no aplica siempre y cuando el establecimiento “ponga en conocimiento del tarjetahabiente de manera oportuna y adecuada, en la publicidad o información respectiva y de manera expresa, lo contrario”.
Pedro Solines, superintendente de Bancos, el pasado 17 de julio aseguró que se iniciarían inspecciones para controlar esta irregularidad. Pero eso no ha ocurrido. Actualmente todavía es común la práctica de varios locales de cobrar valores adicionales, entre el 12% y hasta el 22%.
El funcionario, en ese entonces, llamó a la ciudadanía a denunciar si se presentaban anomalías.
Sin embargo, este Diario acudió a las ventanillas de Atención al Cliente de la Superintendencia de Bancos para averiguar los procesos de reclamo en el caso de cobros excesivos en locales comerciales. Uno de los funcionarios comentó que allí no se realizan ese tipo de denuncias, que lo más apropiado es que el ciudadano presente su reclamo en la Defensoría del Pueblo.
Lo contradictorio es que Leonardo Ordóñez, comisionado Regional 1 de la Defensoría, afirmó que es a la Superintendencia a la que le compete este tipo de denuncias, luego de que la Junta Bancaria emitiera la normativa hace cuatro meses.
Es así, que aún no hay un espacio, o ventanilla específica para que se resuelvan las quejas
“Se emite la norma pero lamentablemente no se establece quién se encargue de que esta se cumpla. Se supone que la Superintendencia de Bancos es el ente que regula y controla estas irregularidades”, sostiene Ordóñez.
El funcionario añade que la Defensoría del Pueblo sí puede receptar las notificaciones de este tipo de irregularidades por parte de la ciudadanía, ya que la normativa consta dentro de la Ley de Defensa al Consumidor.
Pese a ello, no existe un registro de cuántas denuncias de este tipo se han presentado en la Defensoría del Pueblo. Ordóñez dijo que a partir del próximo mes trabajarán en conjunto con la Superintendencia de Bancos y las Cámaras de Comercio, para realizar los operativos de control y campañas de difusión para que los locales comerciales no cobren costos excesivos en las transacciones.
Las tarjetas
Este año la entrega de tarjetas de crédito creció en un 80% en un año, según la ABPE.
En total, en estos momentos el país cuenta con 21 operadoras de tarjetas de crédito.
El crecimiento o de cartera de consumo en los segmentos medios fue de 42%.