La Ley para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas propone cambios en la clasificación de las entidades de la seguridad social (IESS, Issfa e Isspol) para que sean parte del Sector Público No Financiero. Representantes de estas organizaciones expresaron que la intención del Ejecutivo atenta contra la autonomía de estas instituciones. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO
El Ejecutivo envió a la Asamblea dos reformas legales económicas el pasado 16 de abril del 2020. La mayor parte de la atención la acaparó el proyecto de Ley Humanitaria, porque incluye propuestas como aportes de trabajadores para un fondo humanitario por la emergencia del covid-19 y cambios laborales.
Sin embargo, el segundo proyecto también es clave para la economía del país, se trata del proyecto de Ley para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas.
La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea elaboró un primer informe este lunes, 27 de abril, para que el Pleno del Legislativo vote el viernes 1 de mayo del 2020.
El documento tiene 47 artículos y estos son algunos de las propuestas más importantes:
Un seguro para afrontar la volatilidad del precio del petróleo
La caída de los precios del petróleo en el marco de la pandemia del covid-19 afecta a todos los países cuyos ingresos dependen en buena parte de esta materia prima, como en el caso de Ecuador. Debido a que el comportamiento del precio del crudo no es predecible y, como ocurrió hoy con el barril WTI, puede caer a USD 12,3, el proyecto de Ley para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas propone que el país cuente con un seguro para estas eventualidades en el sector petrolero y así asegurar que se reciba un precio establecido, aún cuando el crudo se desplome.
La independencia de la seguridad podría está en discusión
El proyecto propone cambios en la clasificación de las entidades de la seguridad social para que sean parte del Sector Público No Financiero (SPNF). Con ello, el Ministerio de Finanzas pasaría a supervisar el presupuesto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas del Ecuador (ISSFA) y del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol).
Representantes de estas organizaciones, cuando comparecieron ante la mesa de Régimen Económico, expresaron que la intención del Ejecutivo atenta contra la autonomía de estas instituciones. Los representantes de estas entidades temen que se establezcan techos a los presupuestos que manejan, lo que afectaría al sistema de seguridad social.
“Es un negocio financiero la Seguridad Social. Entonces, no puedo poner un techo a las prestaciones de vejez. Yo no puedo decir: ‘compañeros, el próximo año, no se jubila nadie’”, dijo David Ruales, director encargado del IESS.
Más control en los cambios presupuestarios
Actualmente, la Proforma presupuestaria del Estado se presenta en octubre de cada año al Legislativo y se aprueba en noviembre, para entrar en vigencia en enero del siguiente año.
Pero conforme transcurren los meses, los ingresos y gastos que se plantean se suelen modificar.
Esos ajustes tienen un tope máximo y, por ahora, el Presupuesto del Estado puede aumentar hasta un 15%. Pero el proyecto plantea que el margen de cambios permitido sea menor y llegue máximo al 5%. Con esto se busca mantener más control sobre los gastos y evitar que las finanzas del país se desequilibren más.
Un fondo para cuidar el equilibrio en el presupuesto
Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destaca que uno de los países de la región que mejor está respondiendo a los efectos del covid-19 es Perú; pues es un país que cuenta con reservas de contigencia que equivalen al 0,5% de su PIB.
Ecuador, en cambio, no tiene ahorros y, en lugar de ello, está esperando créditos de emergencia de entes como el Fondo Monetario Internacional (FMI) para atender la crisis.
De ahí que el proyecto propone la creación de un fondo para “contingencias fiscales”, que el Ministerio de Finanzas deberá incluir en el Presupuesto General del Estado (PGE).
La propuesta es crear una asignación equivalente al 3% del gasto total del Presupuesto. Este fondo de ahorro permitiría al Gobierno responder cuando los ingresos sean menores a los estimados o cuando algún gasto se incremente sin haberlo previsto y por ende, el déficit o brecha fiscal corra el riesgo de elevarse.
También se propone la creación de un fondo de estabilización, que se nutriría de los ingresos provenientes de explotación de recursos, cuando estos superen lo contemplado en el Presupuesto.
Los recursos servirán para la sostenibilidad de las cuentas públicas y para asignaciones al sector de educación y salud.
Límites al endeudamiento
La deuda pública del país equivale al 52, 9 %del Producto Interno Bruto (PIB). Actualmente, la Ley dice que la deuda del país no debe ser superior al 40%, pero el Gobierno emprendió un plan para poner en orden las cuentas del país y mientras lo hace, la Ley permite que la deuda esté por encima de ese 40%.
El proyecto de Ordenamiento de las Finanzas Públicas plantea que el límite de deuda pueda ser modificado cada cinco años hasta un techo máximo del 45% del PIB. Este límite deberá regresar a los límites iniciales del 40% del PIB durante los próximos tres años.
Es clave que el Estado ordene su endeudamiento, porque solo así, podrá acceder a nuevos préstamos con mejores condiciones; es decir, con plazos más largos y tasas más bajas.
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