22 de February de 2011 00:00

La Cervecería entregó facturas y el contrato de Larrea a la Fiscalía

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Luego de dos semanas de silencio, la Cervecería Nacional (CN) salió ayer a defenderse de las acusaciones de haber pagado USD 1 050 000 para conseguir un fallo su favor en la Corte Constitucional.

La cervecera mantiene un litigio laboral con 1 200 ex trabajadores, que reclaman el pago de utilidades por USD 90,9 millones y el asambleísta Galo Lara denunció que se había pagado para beneficiarse.

El problema se origina porque la cervecera contrató a Alfredo Larrea Jijón como asesor, quien es hermano del secretario de la Corte, Arturo Larrea. Según Lara, el pago de los cheques coincide con las fechas de las resoluciones que emitió la Corte.

Carlos Andretta, director de Asuntos Corporativos, dijo que el contrato fue para asesorar en temas laborales y constitucionales, donde hubo muchas ofertas. “No sabíamos de su parentesco con el secretario de la Corte. Los cheques se pagaron con sus respectivas facturas y son coincidencias las fechas del cobro con las resoluciones”.

Además, sostuvo que el monto del contrato se encuentra enmarcado en la Ley y pidió que se investigaran los honorarios que han ofrecido los ex trabajadores. “Por eso solicitamos que se llame a confesión judicial a Arturo Cervantes, para que señale a los financistas y beneficiarios con quienes están comprometidos pagar hasta un 20% del monto reclamado”.

Ahora el proceso se ventila en la tercera Sala de la Corte Provincial, ya que la última resolución de la Corte Constitucional, del 11 de febrero pasado, dispuso que se regresen los expedientes a los jueces de origen.

Los problemas legales también generan malestar a los directivos. Roberto Jarrín, presidente de la CN, contó que la imagen de la empresa y de sus 1 700 trabajadores ha sido afectada en estos últimos días. “Se actuó con buena fe y por eso se rechazan estas actitudes maliciosas. No se actuó ni bajo presiones ni políticas, todo fue apegado a las leyes”.

Según Jarrín, la empresa dio facilidades a las autoridades para que investigaran las denuncias y se aclaren lo más pronto. “Se entregó toda la información relacionada con los contratos, cheques y facturas. Ahora hay que esperar los resultados de las investigaciones”.

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