Los querellantes en un caso contra Chevron por daños ambientales pedirán un embargo contra la petrolera para cobrar USD 19 000 millones que la justicia le exige pagar, en un proceso que la firma lo tilda de fraudulento y corrompido.
“Señalaremos ante la justicia activos que Chevron tiene en el país y en el extranjero para ser embargados debido a que no cumplió con una providencia del pasado viernes, que dispuso que pague hasta la medianoche del lunes”, dijo Juan Pablo Sáenz, abogado de los querellantes.
El caso está de hecho en la órbita de la Corte Suprema de Justicia, a la que Chevron recurrió luego de que un tribunal de Sucumbíos duplicara el pago establecido en su fallo inicial y lo llevara a los actuales montos, porque la compañía se negó a disculparse públicamente.
El vocero de la petrolera para América Latina, James Craig, manifestó que “al ordenar el pago de esta ilegítima sentencia, la justicia ecuatoriana no solo que está acelerando el fraude de abogados corruptos, del cual es cómplice, sino que además coloca a Ecuador en franca violación de sus obligaciones bajo el derecho internacional. La sentencia emitida por la justicia ecuatoriana en contra de Chevron es producto de fraude, soborno, chantaje, corrupción y presión política. Es ilegítima y no sería ejecutable en cualquier corte del mundo donde se respeta el estado de derecho”, manifestó.
Los demandantes pedirán el embargo de activos de la multinacional en el país, de ingresos como regalías por la comercialización de marcas de lubricantes, y también de bienes en el exterior.
Consultado sobre la posibilidad de embargos en terceros países en casos como éste, el jurista Rodrigo Bucheli, ex magistrado de la Corte Suprema, explicó que “una persona natural o jurídica bien puede plantear demandas en terceros países sin que eso signifique que deban ser aceptadas”.
Un grupo de pobladores presentó la demanda por daños ambientales en la Amazonía causados, según alegan, por Texaco, entre 1964 y 1990. Chevron adquirió esa firma en el 2001.