Entrevista del día: Paúl Cisneros, catedrático de la escuela de Estudios Estratégicos del IAEN
El Ecuador está caminando a una etapa de explotación minera a gran escala. ¿Qué tan factible es que ello se vuelva una realidad?
Es un mito creer que antes no hubo minería a gran escala, porque esta no comienza con la extracción sino con la exploración, lo que ya ha existido en el Ecuador desde finales de los noventa.
Ahora, la factibilidad de la explotación minera depende de dos factores. El primero es el mercado internacional. Los altísimos precios de los metales son ficticios y no se mantendrán porque están sostenidos en una burbuja creada por la construcción de unidades habitacionales en China. La caída de los precios a escala internacional podría detener el avance de las inversiones en los proyectos.
Un segundo factor sería la presión que el Gobierno pueda ejercer. Si la burbuja no revienta, el Gobierno puede intentar captar la mayor cantidad de renta posible, al permitir que se inicien proyectos mineros cuando no se han instalado fuertes instituciones de control de esos proyectos.
¿Y los ministerios?
El Ministerio del Ambiente es una institución que desde su creación no ha tenido el sufi-ciente poder político para con-trolar las actividades extracti-vas. Es, hasta cierto punto, una institución de papel.
¿Cuál es la principal motivación del Gobierno para el avance de la minería?
Hay una presión internacional importante de las empresas canadienses para aumentar su presencia en la región. También está la tentación rentista que se inspira al ver los precios altos de los me-tales. Obviamente, un Gobierno que ha incrementado la inversión y el gasto social necesita una fuente de financiamiento constante y debemos reconocer que las posibilidades de diversificar los ingresos del Estado no son muchas. Por eso, las inversiones extranjeras directas en el área de minería se convierten en una fuente de ingresos interesante.
En el Austro se escuchan voces de oposición a la minería. ¿Ello podría interferir también en su avance ?
Ese es un tercer factor. La presión que el movimiento crítico a la minería ejerza en los próximos años, también va a limitar la tentación del Ejecutivo para acelerar los proyectos mineros.
Pero la política minera rebasa el tema de la contaminación y las regalías. El problema de fondo es la legitimidad del Estado. En los lugares donde se levantan los proyectos mineros el Estado no tiene legitimidad porque nunca ha estado presente. Y ahora quiere construirse legitimidad a través de la minería que es una actividad altamente riesgosa.
A diferencia de la explotación petrolera, un proyecto como Quimsacocha está al lado de Cuenca, la tercera ciudad más grande del país, y eso es una cuestión que no se ha debatido. Una cosa es poner un pozo petrolero en el ITT, donde la población más cercana es Nuevo Rocafuerte que no pasa de las 2 000 personas. Y otra cosa es poner un proyecto en el páramo del cual la ciudad de Cuenca pretende tomar el agua para abastecer a 700 000 personas hasta el 2020. Son cosas totalmente distintas, además de temas como la migración de la población que nunca se han discutido.
¿Cómo se puede llegar a un equilibrio entre explotación, desarrollo de las comunidades y protección ambiental?
No hay una receta. El principal elemento en la discusión de la sostenibilidad es la participación. Se debe tomar en cuenta a la ciencia y la técnica como un insumo más para tomar decisiones. Pero si hay un elemento importante, sin tomar posiciones radicales, es permitir que haya un amplio proceso participativo de la gente que legitime cualquier decisión que se tome, aunque en el futuro se sepa que fue equivocada.