Burócratas temen más despidos

Un total de 3 500 servidores públicos se espera que sean separados de sus cargos hasta el martes, mediante el mecanismo de compra de renuncias obligatorias.

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La medida, estipulada dentro del artículo 8 del Decreto Ejecutivo 813, comenzó a aplicarse desde el pasado viernes. Según la Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep), 1 000 trabajadores habrían sido despedidos durante la primera jornada.

Entre ellos está Norma Moncayo, ex médica inmunóloga y alergóloga del hospital de niños Baca Ortiz, donde laboró 20 años. Ella se queja de que la notificación la hicieron empleados del Ministerio de Relaciones Laborales de forma agresiva y con la Policía.

Ayer, durante una rueda de prensa organizada por los trabajadores de la salud, dijo estar molesta por ello y por que en la notificación no se establece el motivo de la compra de se renuncia. En la hoja se lee como la causa de la salida de la médica la palabra “otros”.

Debido a casos como estos, los sindicatos de médicos y enfermeras preparan una concentración para mañana a las 16:00 en la Plaza Grande, para protestar por la medida. De igual forma, tienen planeado interponer acciones legales contra la compra de renuncias, aunque no definen la fecha.

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Otros ya empezaron consultas legales. El abogado laboral Joaquín Viteri analiza la situación de 100 servidores que tendrían hasta tres meses para presentar una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo.

“Solicitaremos que se restituya en sus cargos a los trabajadores, que se les devuelva los sueldos que no perciban -incluyendo los intereses- y tendrán que devolver el dinero de las indemnizaciones. Ello en base a lo que determina el artículo 23 de la Ley Orgánica de Servicio Público”, dijo.

La norma establece que si un servidor pone una demanda por haber sido sacado de su puesto de trabajo deberá ser reincorporado hasta cinco días después que se emita una resolución favorable por parte del ente competente.

La defensa de los trabajadores pondrá como argumento que la medida se sustenta en un Decreto inconstitucional. Ello debido a que a través del mismo se reforma la Losep y eso, según el artículo 47 de la Constitución, no es posible.

“Esperemos que se logre algo. No hay mucha esperanza porque hace dos meses se puso una demanda de inconstitucionalidad del Decreto 813 ante la Corte Constitucional y, lamentablemente, hasta ahora no se resuelve”, explicó un burócrata quien decidió guardar la reserva.

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Él se siente indignado por haber sido sacado de su cargo, cuando, dijo, se calcula que en los últimos cuatro años han ingresado 250 000 nuevos empleados a las instituciones estatales. Además, explicó, con el despido no se está eliminando ninguna partida.

Con lo mismo coincide el abogado laboral Carlos Carlozama. “No se ha hecho ningún estudio técnico para sacar a la gente ni tampoco se están suprimiendo partidas”. También señaló que cuando ha habido despidos de burócratas han entrado nuevos a esos mismos cargos con la figura de contratos ocasionales.

Lo que establece el Decreto 813

El texto determina la compra de renuncia con indemnización

Artículo 8

A continuación del artículo 108 de la Losep se incluirá un artículo innumerado que determine: "Cesación de funciones por compra de renuncias con indemnización".

Primer inciso

Las instituciones podrán establecer la compra de renuncias de manera forzosa conforme lo determinado en la letra K del artículo 47 de la Losep
(un servidor cesará sus funciones por compra de renuncias con indemnización).

Segundo inciso

El monto a recibir de indemnización será de cinco salarios básicos unificados por cada año de servicio. Se pagarán hasta 150 sueldos. El monto se cancelará en efectivo.

Tercer inciso

Los servidores públicos deberán cumplir obligatoriamente los procesos de compra de renuncias aplicados por la administración. La norma no se aplica para aquellos funcionarios cuyos cargos son de libre designación y remoción.

Alberto Narváez Colegio Médico

'Los afectados de esto van a ser los pacientes'

La política del buen vivir está dejando en la calle a miles de servidores públicos, mediante un proceso de violencia y maltrato. Solo el nombre del mecanismo es un absurdo. Hablar de renuncias obligatorias es hablar de ruedas cuadradas. Esto no es inocente. Se ha despedido a trabajadores de contrato colectivo y a dirigentes sindicales. Lo más serio, en el sector de la salud por ejemplo, es que se saca a profesionales con amplia experiencia, jefes de unidades, etc. Los que van a pagar las consecuencias son los pacientes. ¿Con quién van a reemplazar a los médicos? Aún no han traído a los cubanos.

Diego Cano Ex dirigente petrolero

'Despidos contradicen la propia Constitución'

En los cinco años del Gobierno se han dado reformas laborales orientadas al despido masivo de servidores públicos. La política ha implicado, por el otro lado, el ingreso masivo del personal adepto al Régimen. En el proceso, se ha creado la figura de la renuncia obligatoria, que además de ser absurda, contradice la garantía de la estabilidad laboral contemplada en la propia Constitución que ellos crearon. Decenas de miles de servidores se han quedado sin sustento en este Gobierno. La intención es generar temor por la amenaza del despedido y evitar la reacción de la gente.

José Delgado  Red Andina / ISP

‘Trabajadores y sociedad deben unirse ‘

Vengo de Bolivia y me encuentro con una noticia desagradable para los trabajadores de Ecuador. Doy  mi total respaldo a los servidores públicos de este país y expreso mi rechazo ante esta actitud del Gobierno ecuatoriano de despedir a tantos empleados sin justificación alguna. Convoco a los servidores públicos   a que se unan y desbaraten esta política nefasta.

(En el caso de la compra de renuncias a los trabajadores de la salud): Con la salud de la gente no se puede jugar y esta actitud irresponsable lo hace. Acá también tiene que unirse la población porque se está atentando contra ellos.

Remigio Hurtado Conasep

'Hay gente que sí quiere salir del sector público'

Vamos a esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional (la interpusieron los servidores públicos contra el Decreto 813 el pasado 5 de agosto). La demanda fue calificada y el Gobierno tenía hasta esta semana para presentar sus pruebas. Toda renuncia es voluntaria, no se pude aplicar un mecanismo de ese tipo de forma obligatoria. Me parece terrible que a la gente le hayan dado apenas 30 minutos para desocupar las instalaciones de dónde laboraban. No debió darse un hecho como este. Hay gente que sí quiere salir del sector público y a ellos no se les ha comprado la renuncia.