25 de January de 2012 00:04

Los burócratas despedidos denuncian más anomalías

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La incertidumbre embarga a los 1 370 ex empleados del sector público que fueron desvinculados de sus cargos durante la segunda ola de compras de renuncias en el país.

La medida, que se aplicó el pasado 20 de enero, responde a un proceso de reestructuración del Estado que puso en marcha desde el 2011. Para ello emitió el Decreto Ejecutivo 813, que establece el polémico mecanismo de desvinculación de los burócratas.

Algunos de los afectados por el proceso, pertenecientes a entidades como el Ministerio de Cultura, la Agencia Nacional de Tránsito, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) entre otros, tuvieron una cita la tarde de ayer para analizar qué mecanismos legales pudieran adoptar.

“Quiero saber qué pasos debo dar ante mi desvinculación del sector. El viernes yo llegué a mi puesto de trabajo y al ingresar mi clave al computador me salió la frase ‘usuario no disponible’. Luego, cerca de las 10:00, realizaron la notificación. Nos dieron 10 minutos para sacar las cosas”, contó Patricia C., ex funcionaria que laboró 13 años en el INEC.

Según documentos de notificación, a los que accedió este Diario, las acciones de personal fueron elaboradas el pasado 11 de enero. Recursos Humanos de las entidades los firmaron el 18 de ese mes y las entregaron dos días después.

Los trabajadores debían firmar al recibir los documentos. Pero hubo casos como los de una ex funcionaria de Ibarra, que prefirió la reserva, que no lo hicieron.

En ese caso, según el documento, el notificador pidió a un tercero, presente en el momento de la entrega, que firme como testigo.

“Ha sido un atropello lo que se hizo. Lo peor de todo es que, desde el proceso anterior, se acusó a la gente de inoperante, de corrupta, etc. Ante ello acudimos a la Defensoría del Pueblo a poner nuestra queja. Las autoridades de esa entidad pidieron a las instituciones que aplicaron el Decreto que entreguen documentación que pruebe tales acusaciones, pero ninguna lo hizo”, señaló Miguel García, titular de la Federación Nacional de Servidores Públicos.

El funcionario explicó que la mayoría de los 2 700 trabajadores despedidos en octubre del 2011 impugnó el caso ante las autoridades nominadoras (de cada entidad). Únicamente ocho personas, de acuerdo con datos de la Fenasep, fueron restituidas.

Un grupo de servidores aspira que, acogiéndose a mecanismos similares, puedan volver a sus cargos. También hablan de demandas contra el Estado. Mientras que algunos dicen que solo quieren limpiar sus nombres.

“Hemos trabajado honestamente. Nuestras evaluaciones muestran calificaciones de excelente. Es duro perder el trabajo cuando se tienen deudas e hijos que mantener”, señaló María O., quien laboró en el sector público en los últimos cuatro años.

A nivel gremial hay expectativa con respecto a la sentencia que dicte la Corte Constitucional sobre las tres demandas que pesan desde agosto del año pasado con el Decreto Ejecutivo 813. Según García, la resolución llegaría a los casilleros judiciales de los implicados en pocos días y hasta horas.

Hasta que se conozca el resultado, el Ministerio de Relaciones Laborales seguirá aplicando la compra obligatoria de renuncias. Los gremios estiman que hasta mediados de febrero se desvinculen a 3 000 nuevos trabajadores.

El Gobierno cuenta con un presupuesto de USD 154 millones para el pago de indemnizaciones. Los desvinculados son, en general, personas con nombramiento.

Un proceso de reestructuración del sector público que ha durado más de dos años

02/07/2009

El presidente Rafael Correa remite  a la Asamblea Nacional  el proyecto de Ley Orgánica de Servicio Público. El texto pasa a la Comisión de los Trabajadores para su análisis. En el tratamiento hubo críticas por la inclusión de temas como el trabajo en el servicio público de los extranjeros y los esquemas de jubilación.

2009-2010

El proceso

Durante un año, los legisladores recibieron a representantes sindicales, militares, entre otros, para el debate.

29/09/2011

La Ley

La Losep es aprobada en medio de incidentes. Los legisladores no aceptaron la compra de renuncias obligatorias.

Noviembre del 2010

Las medidas

Este mes empezó la desvinculación de servidores públicos, mediante jubilación.

07/07/2011

El Decreto

El presidente Rafael Correa emite el Decreto Ejecutivo 813, que establece la compra de renuncias obligatorias.

Julio 2011

Los despidos

El Ministerio de Finanzas despide a empleados del sector. Lo propio lo hace la Corporación de Telecomunicaciones. 

Agosto 2011

La Corte

La Corte Constitucional recibe tres demandas contra el Decreto Ejecutivo 813. Hasta ahora no dicta sentencia.

29/10/2011

La desvinculación

El Gobierno compra la renuncia de forma obligada a 2 700 servidores públicos de diferentes instituciones.

20/01/2012

Nuevos despidos

Un total de 1 370 trabajadores son desvinculados. Pertenecen al INEC, a la Senae y diversos ministerios.

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