Fander Falconí señaló que con el Gobierno de Rafael Correa se transformó la esencia de la entrega del bono. “La intención del bono, con el Gobierno de Mahuad, era crearlo para la pobreza, frente a los desastres que provocó el neoliberalismo… Los pobres no eran sujetos activos de su propia transformación y debían ser compensados… Nosotros le dimos la vuelta”.
De ahí que, dijo, se generó un bono de desarrollo humano. La forma como se escogió la forma de financiamiento del incremento se sostiene en se debe hacer una distribución a través de la vía impositiva. Para ello se desarrolló la Ley de Redistribución Social.
Desde la Senplades se indicó que este momento existen 1,2 millones de perceptores del BDH. Esto implica un impacto de USD 756 millones al presupuesto general del Estado. Con el incremento del bono de USD 35 a USD 50 implicaría un impacto de USD 320 millones a USD 340 millones.
También hay otras 600 000 personas, entre personas de la tercera edad y discapacitados, que no están en ningún mecanismo de aseguramiento. Cobran USD 35 bajo otro concepto, dijeron, que no responden al bono sino una forma de aseguramiento “no contributiva”.