El Banco Central del Ecuador (BCE) tenía la potestad de contratar abogados externos desde septiembre del 2009. El objetivo: cobrar la deuda que personas y empresas tenían con la banca cerrada.
La orden vino de la Presidencia de la República y de la Superintendencia de Bancos. Pero la contratación se realizó en el 2010 y 2011, según Diego Borja, ex presidente del BCE. Aunque dijo que no recuerda cuántos profesionales fueron aceptados.
Cuatro abogados (ver gráfico) fueron designados para que cada uno siga y declare 500 juicios de insolvencia o quiebra. Estos se aplican después de los juicios coactivos, cuando el deudor no puede cumplir con sus pagos.
Todo ese proceso de adjudicación se hizo entre el 27 de octubre y el 1 de noviembre últimos. Eso incluyó la invitación directa del Central a los abogados, el estudio de sus propuestas, la audiencia de preguntas y aclaraciones y la adjudicación de los contratos.
Los cuatro abogados manejarán 2 000 juicios. El monto del contrato de cada uno es USD 1 millón.
Durante ese período aún estaba en funciones Borja, dijo el martes el actual presidente del BCE, Pedro Delgado, al ser cuestionado sobre la forma de pago a los abogados. Delgado asumió el cargo, el 10 de noviembre pasado.
Los juristas recibirán un anticipo a la firma del contrato equivalente al 25% del valor total, previo a la presentación de una garantía bancaria o póliza de seguro incondicional irrevocable y de cobro inmediato a favor del BCE por el valor del 100% del anticipo.
Así consta en los contratos firmados a inicios de noviembre.
Con estas contrataciones, el BCE busca ‘liberar’ los juicios coactivos, que fueron llevados a juzgados civiles cuando los deudores interpusieron juicios de excepción. Estos instrumentos jurídicos paralizaron el cobro.
Según Xavier Castro, defensor de los ex accionistas de Filanbanco, para que un estudio jurídico atienda 500 juicios se requiere una gran infraestructura logística y de personal. “Yo tengo 36 abogados en mi estudio y seguir 500 juicios de ese tipo, a la vez, es una barbaridad”, dijo.
Una de las abogadas contratadas, Carmen Bardellini, dijo ayer que aún no podía dar una entrevista. “He ejercido mucho tiempo la profesión con mucha rectitud, por algo aceptaron nuestra carpeta (…) en el momento en que yo asuma aquí las cosas van a marchar como debe ser”, dijo.
Borja indicó que desconoce las condiciones de los abogados contratados y sus nombres, pues esa era una tarea de la gerencia.
El ex funcionario dijo que tampoco conocía de una propuesta que envió Gutemberg Vera (abogado personal del Presidente de la República). El 7 de septiembre del 2011, Vera ofreció su estudio jurídico para la defensa de 3 532 juicios de quiebra o insolvencia, por un costo de USD 7 064 000 más IVA en honorarios.
Pedro Delgado también dijo desconocer la propuesta de Vera.
Borja concluyó que el pago de cada juicio equivale a USD 2 000. “Es un valor absolutamente razonable, adecuado. Como es un paquete grande me imagino que se negoció descuentos”.
Hay otros dos contratos con los abogados Ángel Orellana Guzmán y Juan Carlos Quintana Wilches. El primero es para que patrocine la dirección de 300 juicios coactivos, por un monto de USD 250 000 en honorarios, que se firmó el 29 de agosto del 2011.
Y el otro es para patrocinio jurídico para la dirección de los procedimientos coactivos y defensa de los juicios de excepciones. El cobro: USD 214 165 y se adjudicó el 1 de noviembre pasado.