La Ley de hipotecas y autos, aprobada por la Asamblea Nacional el martes pasado, tiene algunos artículos que rayan en la inconstitucionalidad y que debieran ser revisados por el Ejecutivo.
César Robalino, director de la Asociación de Bancos Privados (ABPE), señaló hoy que el gremio busca el menor impacto de la ley en el sistema financiero, por lo que pedirá al Ejecutivo que vete parcialmente la ley aprobada por la Asamblea.
Entre otros puntos, Robalino señaló que la normativa no es clara y pudiera aplicar de forma retroactiva. Asimismo, dijo, si el Régimen quiere beneficiar a la gente de menores ingresos no cabe incluir a viviendas de hasta 500 remuneraciones básicas, unos USD 146 000, ya que ese monto contempla a las personas de ingresos altos. La propuesta es que sea de hasta 200 salarios básicos.
El objetivo de la Ley es que si una persona contrata un crédito hipotecario y no puede cancelar la deuda, devuelva la vivienda para saldar la obligación con el banco, el cual ya no podrá embargar otros bienes del cliente para saldar el préstamo.
Robalino recordó que la Asamblea añadió varias cosas en el proyecto original y que desvían el objetivo inicial, por ejemplo, que el 5% del patrimonio técnico de cada banco se destine a crédito hipotecario. También, que se suspenda el cobro de interés una vez que se realice el embargo del bien, lo cual genera problemas porque los procesos legales en el país tardan hasta tres años. Aunque el Ejecutivo envió el proyecto para que la ley sea considerada normal, pero la Asamblea le puso como orgánica, que es un estatus superior en la estructura jurídica del país.
La Asociación de Bancos Privados cree que el principal efecto de la ley será la desaceleración del crédito, debido a los mayores riesgos que tendrán que asumir las instituciones financieras. Eso se sentirá, por ejemplo, en los créditos para vehículos, donde se prevé una reducción de un 20%, según Robalino.