La euforia vivida en los mercados petroleros durante la mayor parte del primer semestre de este año, con precios que llegaron hasta USD 112 por barril , marcó el desempeño de la economía nacional.
Desde que empezó el 2012, el precio del crudo estuvo pegado a los USD 100 por barril. Se mantuvo en la cúspide de USD 112 durante dos meses y luego empezó una caída vertiginosa, perdiendo alrededor de 25 hasta finalizar el primer semestre.
Toda esta espiral de liquidez permitió al Régimen impulsar la economía a través del gasto público. Al haber más dinero en el mercado, la gente consume en mayor medida, solicita más créditos, mueve la inversión privada (construcción, servicios…) y, por ende, la sensación de bienestar mejora.
Sin embargo, este círculo funciona dependiendo del precio del petróleo. Si este cae, inmediatamente viene el ajuste, como ya ocurrió a raíz de la crisis del 2009.
Aunque en menor medida, el Gobierno ha venido anunciando medidas de prevención ante una eventual crisis, producto de la baja en precios del petróleo.
El presupuesto marca USD 79,3 por barril como límite antes de mirar hacia mecanismos que eviten un desfinanciamiento de las cuentas fiscales.
En años anteriores, cuando se registraron bajas considerables del petróleo, las opciones barajadas por el Régimen fueron: paquetes tributarios, endeudamiento externo, emisión de bonos y restricción de importaciones. Por ahora, las tres primeras no se han aplicado, pero sí la última, bajo el argumento de que obedece a temas ambientales.
La presión sobre la balanza comercial se incrementó
Durante este primer semestre, pese al superávit registrado en la balanza comercial total, se produjo un desequilibrio en materia comercial. La balanza no petrolera presentó entre enero y abril (últimas cifras del Banco Central) un déficit de USD 2 867,6 millones.
El peso de las importaciones en la economía llevó a que el Gobierno tome hace dos semanas medidas drásticas para frenar esta situación. El pasado 15 de junio, el Comité de Comercio Exterior (Comex) emitió tres resoluciones (63, 66 y 67) en la que estableció restricciones a la importación y modificaciones arancelarias. Esta última medida se aplicó en el primer documento (se incluyeron televisiones, cámara de fotos, licores, etc.). Mientras que en los dos últimos se fijaron cupos, en monto y número, para la compra del extranjero de vehículos y celulares, respectivamente.
Tres días más tarde el organismo emitió una nueva resolución (la número 64) en la que estableció aranceles (que se mueven de acuerdo con los componentes nacionales) para partes y piezas de televisiones, teléfonos celulares, motos, DVD, entre otros. Además, se publicó en el Registro Oficial la Resolución 65 en la cual se fijaron cupos y aranceles (que se reducen de acuerdo con los componentes nacionales) para partes y piezas de vehículos.
Ese mismo día, el Gobierno, a través del ministro coordinador de la Producción, Santiago León, señaló que, tal y como se estableció en las resoluciones, las medidas tienen como objetivo reducir el impacto de la contaminación vehicular e impulsar el reciclaje de celulares. Pero, al mismo tiempo, tuvo que reconocer que el país enfrenta problemas de balanza comercial y que era necesario restringir ciertas compras. Esto, a la vez que el precio internacional del crudo iba en descenso.
León negó, sin embargo, que la situación sea similar a la que se vivió en el 2009 cuando el país registró problemas por balanza de pagos y tuvo que fijar una salvaguardia para 627 partidas arancelarias. Ese año también estableció aranceles para productos colombianos, aduciendo impactos por la devaluación del peso.
Con esas medidas, las importaciones cayeron a USD 1 4 071 millones en el 2009, un 20% menos respecto al año previo. Sin embargo, cuando se desmontaron las restricciones, las compras al extranjero se dispararon en los dos años siguientes. El año pasado cerraron en 23 000 millones.
¿Un invitado inesperado?: el sobreendeudamiento
La presión sobre las actividades financieras ha sido intensiva durante este primer semestre del año. El desborde de las actividades de consumo y la expansión significativa de los créditos movió a las autoridades económicas a diseñar medidas que limiten estas tendencias.
Un informe de la Superintendencia de Bancos determinó que 400 000 familias ecuatorianas tienen indicios de sobreendeudamiento, principalmente quienes reciben ingresos de hasta USD 1 500 mensuales. La salida fue emprender en una campaña de cultura financiera en el país .
A través de medidas como la obligatoriedad de que los bancos provean a sus clientes de información detallada y didáctica de las actividades crediticias, además de publicarlas por todos los medios (ventanillas, páginas electrónicas, estados de cuenta…) y regular que las ventas con tarjeta de crédito sean iguales a las de consumo, los órganos de control intentan detener este problema.
Sin embargo, la expansión del gasto público, la flexibilidad de las instituciones financieras y emisoras de tarjetas para otorgar más crédito de consumo y la falta de una cultura de ahorro entre los clientes, ha propiciado que la economía se haya deslizado por una ola consumista e que presiona las importaciones.
“El precio más elevado del petróleo se manifiesta en mayores ingresos estatales, que generan un mayor gasto y actividad en el resto de la economía. La economía gasta y se mueve porque el Gobierno la empuja”, señala el analista Pablo Lucio Paredes. Para él, la excesiva dependencia en el petróleo no solo es riesgoso, sino que conduce aún más a una sociedad orientada hacia la captación de esas rentas en lugar de esfuerzo, riesgo y creatividad por generar riqueza.
Y en la agenda aparecieron dos leyes controvertidas
En ese afán de controlar el crédito, el Gobierno envió a la Asamblea Nacional una controvertida Ley de Hipotecas, donde el deudor, en caso de no poder cumplir con sus obligaciones de pago, puede devolver a la entidad financiera la vivienda o el vehículo motivo de dicho préstamo.
No obstante, contradictoriamente con el énfasis para controlar el consumo, esta ley para la regulación de los créditos de vivienda y vehículos, definió la obligación de que las instituciones financieras destinen un porcentaje de su patrimonio técnico para créditos hipotecarios.
A esto se suma un proyecto para reformar la Ley de Burós de Información Crediticia, remitida por el asambleísta Fernando Vélez, que deberá aprobarse o archivarse y en donde se establece que el historial crediticio de un cliente se conserve por tres años y no por seis como es actualmente.
El Gobierno adopta medidas y dice que no hay problemas
Pese a todos estos elementos de presión de estas últimas semanas, el Gobierno confía en que el crecimiento económico establecido en el Presupuesto para este año (5,24%) se mantendrá. Así lo dijo el presidente del Directorio del Banco Central, Pedro Delgado.
Además, el Presidente señaló que la economía creció en 4,8% el primer trimestre y, en general, el balance de los primeros seis meses ha sido “muy bueno”, lo cual se observa en mayores recaudaciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de las retenciones del Impuesto a la Renta. Además, adelantó que para cumplir con el presupuesto, el precio del crudo debiera caer a USD 53, que es poco probable. Aunque por prevención, según el Gobierno, se repatriarán recursos del Banco Central en el extranjero y también de la banca privada para desarrollar el país.
Cabe recordar que ya en agosto del 2009, el Gobierno obligó a las instituciones financieras a repatriar unos USD 1 200 millones, argumentando la misma tesis de que era “para el desarrollo del país”, justo en un momento de crisis de los precios del petróleo.
Pero no todos coinciden con las proyecciones oficiales
El informe “Perspectivas de América Latina 2012” presentado por el presidente de la Fundación Euroamérica, concluye que, en lo que va del 2012, se registró un crecimiento del PIB ligeramente por encima del 4%, lo que supone una desaceleración de dos puntos respecto al 2011.
Por tanto, prevé que este año se finalizará con un crecimiento medio de 3,6% en la región, “con notables riesgos a la baja”, señaló el estudio regional.
Para Víctor Hugo Albán, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, si el Gobierno quiere cumplir con las metas de crecimiento planificadas tendrá que restringir aún más las compras al exterior para estabilizar la balanza comercial y de pagos, ya que las exportaciones del país no avanzan al mismo ritmo.
Lo que ocurrió…
Se mejoró la calidad de las gasolinas. El programa de mejora de los combustibles tiene un costo de USD 150 millones según el Ministerio de Recursos No Renovables.
Lo que se viene….
El desenlace de las reformas a la Ley de Burós de Información Crediticia, que delimitarán nuevos campos a acción para el control de la información de los clientes.
Lo que ocurrió…
12 empresas ofrecieron pagar más por el petróleo. Petroecuador adjudicó varios lotes de crudo. Los diferenciales ofertados oscilaron entre USD 2 y USD 11.
Lo que se viene…
Endeudamiento externo, en caso de que el precio del petróleo siga a la baja. USD 1 700 millones con China están ya negociados para ingresar en cualquier instante.
Lo que ocurrió…
Nuevas reglas para las recargas de celulares empezaron a implementarse, entre ellas que las recargas no tienen fechas de caducidad como venía sucediendo.
Lo que se viene…
Emisión de bonos del Estado, tal cual ocurrió en el 2009, para enfrentar los pagos corrientes. El IESS aseguró que está dispuesto a comprar estos papeles.
Lo que ocurrió…
Colombia arrancó con su Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU. Eso empezó a causar impactos negativos en varias industrias ecuatorianas.
Lo que se viene…
La firma de contratos mineros está estancada con la canadiense Kinross. El tema de fondo es el impuesto a los ingresos extraordinarios
Lo que ocurrió…
Más subsidios se entregaron en este semestre. Entre ellos, a los transportistas, con el objetivo de que no aumenten los pasajes.
Lo que se viene…
Las cifras de desempleo se darán a conocer en dos semanas. Este es un anuncio clave, ya que según el Gobierno la ocupación creció en el sector no petrolero.
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