Solo Francisco Velasco, presidente de la Comisión de lo Económico, sacó ayer la cara por el Código de Planificación y Finanzas Públicas, remitido a la Asamblea con carácter de económico urgente por el Presidente.
Incluso asambleístas de la bancada de Gobierno volvieron a criticar el proyecto, tal como ocurrió el pasado martes durante un debate con el ministro de Finanzas, Patricio Rivera.
Virgilio Hernández, de Alianza País, pese a que se autodefinió como un convencido de que las finanzas y la planificación se articulen, cuestionó el documento.
“Les invito a reflexionar en el art. 10, según el cual el Plan Nacional de Desarrollo y cualquier disposición vía decreto o acuerdo ministerial tendrían el mismo valor. Eso no cumple con el art. 280 de la Constitución, donde se especifica que el valor de una política sectorial no puede tener el mismo valor normativo del Plan”.
Además, dijo que llevar la planificación y la inversión en fases, “condenará al país al inmobilismo y nos llevará al burocratismo”.
Paola Pavón, también de Alianza País fue firme con su crítica a la planificación económica que se plantea en el Código. “Defiendo el sistema de planificación, pero no en desmedro de las autonomías. Enviaré mis observaciones a la Comisión”.
Del otro lado de la orilla, los asambleístas opositores, prácticamente al unísono se manifestaron por el archivo del código y porque se devuelva el documento al Presidente, para que lo remita luego con carácter de ordinario.
“Es casi imposible tratar este código en un mes. Es inconstitucional y una agresión a la Asamblea. Pido su archivo, aunque sé que eso no sucederá”, señaló Paco Moncayo , de Alianza Libertad.
La crítica del legislador se enfocó, principalmente, en el nivel de endeudamiento que se pretende legalizar en el Código. Aunque actualmente el máximo permitido de contraer deuda es del 40% del Producto Interno Bruto (PIB), el Código plantea el 50%.
“¿Qué tal si viene un Gobierno irresponsable que se endeuda todo el 50% de un solo golpe. El próximo, no dispondrá de dinero”.
Vicente Taiano, del Prian, también puso especial énfasis en la discrecionalidad con la que se busca manejar el tema del endeudamiento. “El Ministro podrá adaptar el Presupuesto en alrededor de USD 3 000 millones como él quiera. Por responsabilidad pido devolver el proyecto”.
En la misma línea, Patricio Quevedo de Partido Sociedad Patriótica (PSP) arremetió contra el endeudamiento. “En conclusión, las nuevas normas del Código son el paso para salir de la dolarización. Pido el archivo del proyecto”.
Los principales puntos que se critican del Código
La disposición quinta da la facultad para que el Procurador pueda elegir un centro de arbitraje en cualquier país, en caso de litigio en las inversiones con empresas o gobiernos.
La disposición octava determina que las instituciones financieras puedan tener hasta el 75% de su encaje bancario en bonos. Aunque Finanzas dice que será una facultad voluntaria.
El Estado podrá dar contratos previos a Gobiernos que deseen invertir en las respectivas obras.
El Ministro de Finanzas podrá crear los instrumentos que considere pertinente, para financiar las cuentas públicas. Estos pueden ser bonos u otro tipos de papeles, como eran los Cetes.
El Consejo Nacional de Planificación será el órgano rector del Presupuesto. Todos los proyectos, de los gobiernos autónomos estarán bajo su monitoreo.