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Primer debate de ley económica terminó el jueves 7 de noviembre de 2019

El Partido Social Cristiano (PSC) es uno de los grupos que se oponen al proyecto de Ley de Crecimiento Económico.

El Partido Social Cristiano (PSC) es uno de los grupos que se oponen al proyecto de Ley de Crecimiento Económico.

El Partido Social Cristiano (PSC) es uno de los grupos que se oponen al proyecto de Ley de Crecimiento Económico. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Luego de tres días de intensa discusión, en los que intervinieron 71 legisladores, el Pleno de la Asamblea cerró el pasado jueves 7 de noviembre de 2019 el primer debate del proyecto de Ley de Crecimiento Económico, en medio de críticas de todas las tiendas políticas por distintas razones.

La estructura del proyecto es una de las primeras observaciones. Algunos sostienen que la iniciativa debe ser archivada porque viola el orden Constitucional al proponer reformas a 22 cuerpos legales de diversa índole y que no guardan relación entre sí, ya que van desde temas tributarios hasta académicos.

Si bien la mayoría de bancadas aplaude la eliminación del anticipo del impuesto a la renta y otros aspectos de simplificación, hay cierta preocupación en cuanto a que el paquete tributario pueda afectar negativamente en el consumo de ciertos productos y servicios, por modificaciones en el IVA e ICE. Ese temor es compartido por las cámaras empresariales.

El punto más criticado son las reformas planteadas al Código Monetario, que ocupan alrededor del 50% del proyecto, básicamente en lo relativo a la conformación y funciones de la Junta de Política, Regulación y Estabilidad Financiera, además de la autonomía y la designación de los miembros del Directorio del Banco Central del Ecuador (BCE).

La norma propone que las autoridades de ambos organismos sean nombradas por el Presidente de la República, lo que a ojos legisladores como Juan Joret (RC) y Kharla Chávez (Independiente), que intervinieron en la jornada de ayer, denota una inexistente independencia.

Se añade a ello preocupaciones entorno a la eliminación del coeficiente de liquidez doméstica que obliga a los bancos a mantener dinero en el país, para invertirlo en operaciones internas.

También inquieta el establecimiento de un régimen especial de contratación para el BCE y una aparente reducción de atribuciones de control de la Superintendencia de Bancos, entre otros aspectos.

Por lo sensible de esas reformas, en el Pleno empezó a cobrar fuerza la sugerencia que hizo en días pasados Gabriela Larreátegui (SUMA), de analizar de manera independiente todo lo relacionado al Código Monetario.

Existen dos temas en los que sí están de acuerdo todas las bancadas, sin excepción. El primero es la remisión de intereses, multas y recargos de créditos educativos, que beneficiará a quienes pidieron préstamos para estudiar y ahora no pueden pagar.

El segundo es que nadie quiere que el proyecto entre en vigencia por el Ministerio de la Ley, lo cual implica que el texto original pasaría sin modificaciones.

Ahora el documento del primer debate, con todas las observaciones emitidas en el Pleno, volverá a la Comisión de Régimen Económico para avanzar con la elaboración del informe para el segundo y definitivo debate. Este viernes 8 de noviembre de 2019 sesionará a las 16:00 y el sábado la jornada se desarrollará todo el día.