Desde que el juez estadounidense Thomas Griesa estampó la firma en una sentencia en la que condena a Argentina a pagar alrededor de USD 1 450 millones a los holdouts -tenedores de bonos que no entraron a los canjes de deuda-, ese país quedó sumido en un laberinto judicial cuyo desenlace es impredecible.
Por primera vez desde que se declaró el default, en diciembre de 2001, los bonistas que se quedaron con aquellos papeles impagos pusieron al país en aprietos.
Esta resolución obliga al Estado a pagar a los reclamantes, los cuestionados ‘fondos buitre’ NML y Aurelius y 13 bonistas argentinos, USD 1 330 millones más intereses antes el 15 de diciembre.
El juez fijó esta fecha como plazo para pagarle a los demandantes el 100% de sus bonos en un solo pago, cuando el 93% restante había aceptado quitas que rondan el 70% y plazos superiores a los 20 años, lo que en caso de que se deba acatar el fallo abre especulaciones sobre futuros reclamos judiciales.
El lunes, el Gobierno argentino apelará el fallo que beneficia a los acreedores que rechazaron el canje propuesto por Argentina y que fuera aceptado por casi el 93% de los tenedores de bonos en 2005 y 2010 tras el ‘default’ declarado en ese año por aproximadamente USD 100 000 millones.
Esto provocó que el principal partido opositor en Argentina, expresara su respaldo, el sábado pasado, al rechazo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner del fallo dictado en EE.UU. que ordenó pagar ese dinero a los bonistas que no aceptaron el canje de deuda. “Vamos a acompañar la posición que tome (el Gobierno) en la medida que no nos ponga en una situación de default ni tampoco (signifique) pagar lo que exige el juez”, dijo el senador del radicalismo Gerardo Morales.
Según especialistas consultados por el diario argentino La Nación, el terreno en el que quedó parada la defensa de Argentina para atender la apelación es uno de los más fangosos. Y el resultado, muy incierto.
Martín Caselli, abogado del estudio que lleva su nombre, dijo que el fallo revela el sistema judicial americano “es eminentemente práctico, poco le interesan los formulismos cerrados y atiende a la realidad de las cosas aun valiéndose de la percepción judicial proveniente de noticias periodísticas, pero que logran formar convicción. Es decir, da claro el mensaje de que hará todo a su alcance para que su intervención jurisdiccional no sea testimonial sino efectiva”.
Quizás estos dichos sirvan para entender qué fue lo que el juez falló y en qué entorno lo hizo. Puntualmente, la sentencia es para un solo caso. Sin embargo, una vez firme, es posible que inmediatamente se sumen en el mismo juzgado los USD 6000 millones que tampoco entraron al canje y que intentarán cobrar su parte.
Guillermo Nielsen, el principal negociador que tuvo Argentina para reestructurar su deuda en el 2005, advirtió que no es fácil llegar a la Corte Suprema de EE.UU. con el reclamo del Gobierno, porque aparentemente la instancia de apelación “está limitada a los casos federales. De unos más de 5 000 pedidos por año, la Corte toma entre 45 y 60 casos según los años. Entonces me parece que las chances son bajas, no es imposible pero son muy bajas”, dijo.
Por este motivo, el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, recomendó al Estado argentino que, junto a la presentación del rechazo al fallo de Griesa, se comprometa a pagar a los llamados ‘fondos buitres’ el mismo monto que ofreció a los bonistas que aceptaron el canje de deuda.