Parece que el Gobierno ha reflexionado en las últimas semanas y ha flexibilizado su radicalismo para que la inversión extranjera aterrice en el país.
El proyecto de Código de Planificación y Finanzas Públicas, enviado el martes pasado a la Asamblea, reconoce que los inversionistas extranjeros buscan centros de arbitraje seguros para resolver cualquier controversia que pudiera presentarse.
Por eso el Ejecutivo plantea que, previa autorización del Procurador General del Estado “podrá aceptarse otra jurisdicción y legislación” para solucionar las controversias entre el Estado y gobiernos o empresas privadas extranjeras.
Ese planteamiento muestra una apertura del Régimen, pues acepta que los centros de arbitraje serios pueden estar en cualquier parte del mundo, como en efecto sucede.
Lamentablemente, ese planteamiento contradice el artículo 422 de la Constitución, que prohíbe celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional.
La única excepción son los tratados que establezcan la solución de controversias en América Latina. La argumentación del Régimen era que los centros de arbitraje internacional, especialmente el adscrito al Banco Mundial (Ciadi), son sesgados y fallan en contra de los Estados.
Pero las estadísticas muestran que no es así. La Procuraduría del Estado, en un informe presentado esta semana, dijo que ha evitado el pago de USD 2 500 millones en juicios internacionales. Y lo hizo en los centros de arbitraje supuestamente sesgados. La percepción de que el Estado pierde todos los juicios es equivocada, pero la Constitución dice lo contrario.